El caso Cortez va camino a la impunidad. Al menos esa es la mirada de uno de los abogados querellantes en la causa por estafas iniciada hace 5 años en la Justicia provincial.

La investigación está en manos del fiscal Walter Guzmán, pero para el doctor Héctor Giuliani, patrocinante de Eligio Enrique Ratalin, nada se está haciendo y advirtió que todavía no hay fecha para que se inicie el juicio oral y público.

“Mi cliente fue estafado por el grupo Cortez en $ 270 mil. Por eso en 2008 nos constituimos como querellantes y denunciamos a la cabeza de la organización, Víctor Ariel Cortez, y a la firma CP & G S.A. que este señor integraba junto a José María Vega (también alcanza a otras personas que participaron de esta y otras sociedades relacionadas con Cortez). Mi defendido le entregó su dinero para que el grupo lo administre a cambio de una comisión mensual. Ellos se quedaron con todo y nada le devolvieron, lo estafaron abusándose de su inexperiencia y confianza. Pero lo más lamentable es el hecho de que la causa tiene una lentitud preocupante”, explicó Giuiliani en diálogo con PUNTAL.

El abogado le solicitó al fiscal en varias oportunidades que cierre la investigación penal preparatoria y que convoque a juicio por existir elementos de convicción suficientes que hacen partícipes a los imputados en los hechos en los que se encuentran acusados.

“Queremos que se condene a quienes se tenga que condenar y que se absuelva a quienes se tenga que absolver, pero necesitamos que sea en el marco de un juicio”, agregó.

Giuliani explicó que en ese marco el fiscal Guzmán pidió el sobreseimiento de Víctor Ariel Cortez, pero que el juez de Control, Daniel Muñoz, se lo denegó.

El letrado detalló que la causa primero recayó sobre el mencionado Guzmán (2008), pasó rudamente por su par Julio Rivero (2009), y luego regresó al primero de los funcionarios judiciales sin demasiadas explicaciones. Además, Giuliani remarcó que, por la insostenible lentitud de la pesquisa, se dio intervención al juez de control, Daniel Muñoz, y al fiscal de Cámara, Jorge Medina, para que intervengan en la causa a fin de avanzar hacia el ansiado juicio.

-¿Le llama la atención la dilación del fiscal?

-Es llamativo. Por eso, el 14 de febrero pasado, nosotros hemos recurrido al pedido de pronto despacho sobre la causa, de acuerdo a los artículos 146 y 155 del Código Penal Procesal de Córdoba, para que se defina sobre las acusaciones de estafas y defraudaciones que en su momento realizamos. Cuatro días después recibimos la contestación de Guzmán. En el escrito el fiscal nos manifiesta que no corresponde el pedido de pronto despacho porque la ley que rige en esta causa no contempla plazos para la conclusión de la investigación penal preparatoria. Pero lo más curioso es que el fiscal decidió recaratular el expediente número 776393, así, pasó de llamarse “Cortez, Víctor Ariel y Otros P.SS.AA: Defraudación” a caratularse como “Bocco, Valentina y Otros P.SA. de Defraudación por retención indebida, etcétera”.

-¿Qué hicieron ante esta situación?

-Por supuesto que nos opusimos porque el principal responsable penal es Víctor Ariel Cortez. Fue allí cuando requerimos la intervención del juez de Control para que resuelva el fin de la investigación.

Fiscal de Cámara

Una vez conocida la decisión de Guzmán de sobreseer al principal acusado, Víctor Ariel Cortez, el doctor Giuliani solicitó la participación del fiscal de Cámara, Jorge Medina, para que además analice el prolongado tiempo procesal de demora de la causa. También reclamaron que Medina se expida sobre el cambio de carátula que Guzmán ejerció sobre el expediente.

“Sin embargo todo sigue en manos de Guzmán, ningún otro fiscal quiere hacerse cargo de la investigación. Es algo insólito por todo lo que hemos pedido, evidentemente nadie le da al caso la importancia que tiene”, apuntó el abogado de Ratalin.

-¿La causa puede prescribir?

-La causa no se cerró por la insistencia de mi cliente, es el único que se mueve. Hay muchos otros estafados que han preferido no seguir con la causa. Es inentendible el hecho de que la Justicia Federal haya actuado de manera efectiva y rápida cuando descubrió el movimiento de dinero que hacía el grupo Cortez, y que la fiscalía de Río Cuarto no haya tenido ni a un solo preso.

-¿Tienen expectativas de que se reviera esta lentitud y que la causa llegue a juicio?

-Es difícil, pero mi cliente quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Ya no le importa tanto recuperar su dinero, en cierta forma lo da como perdido, pero pretende que esta gente responda en un juicio oral y público por los delitos que ha cometido. Si el doctor Medina no exige con énfasis que la causa avance, el expediente contra el grupo Cortez va a seguir durmiendo. Es una impunidad total porque la causa no reviste una complejidad que amerite seguir siendo investigada, hay que ir a juicio.

-¿Por qué cree que pasa esto?

-Este tipo de hechos pasan porque hay una Justicia que funciona mal. Los delitos económicos generalmente terminan sin resolverse, van perdiendo vigencia, se quedan en el camino y nadie nunca es juzgado. Ojalá esta tendencia cambie, pero es muy difícil.