La ciudad de Río Gallegos ayer vivió un día de mugre. La decisión de los trabajadores municipales en conflicto de tapar de basura el centro de la ciudad generó el repudio generalizado de los vecinos en las redes sociales, pero también le provocó al gremio sumar una nueva causa judicial, esta vez en la faz penal.

Ya el titular del gremio ha debido fijar domicilio en las denuncias formuladas por la quema de cubiertas y el sindicato afronta astreintes por casi medio millón de pesos ante el reiterado incumplimiento del pedido del juez en lo Civil, Francisco Marinkovic, que les reclamó cumplir con las guardias mínimas para el saneamiento de la ciudad y no quemar ningún tipo de elemento en la vía pública ni obstruir los ingresos a los edificios comunales. 

Pero ayer la decisión de desparramar y quemar basura en pleno centro de la ciudad generó más de un incidente, uno incluso con la Policía (ver página 2) que llevó a que el agente fiscal de turno, José Antonio Chan, presente en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 1, a cargo de la Dra. Marcela Quintana, una denuncia en virtud de estos hechos.

En los considerandos el funcionario judicial señala que realiza tal denuncia “en virtud de los hechos acaecidos en distintos puntos céntricos de esta ciudad capital, originados en el marco de la protesta gremial del SOEM, toda vez que los manifestantes habrían arrojado basura en la intersección de las Avdas. San Martín y Kirchner, así como en otras arterias de la ciudad, para posteriormente proceder a la quema de dichos residuos en las calles mencionadas, generando esto daños materiales de consideración a bienes públicos e infundiendo temor a la comunidad”. 

Por ello el fiscal presentó de oficio a la juez Quintana el “requerimiento de instrucción por la presunta comisión de los delitos de intimidación pública, desobediencia y daño agravado”, contemplados en los artículos 211, 239 y 184 inc. 5 del Código Penal, solicitando al juzgado disponga “las medidas pertinentes para su investigación”. 

Por su parte, el Dr. Chan señaló en su escrito que “la magnitud, gravedad y violencia de los hechos excede el marco de la protesta gremial, ya que los actos de los manifestantes perturban la paz social e impiden el normal funcionamiento de los servicios, el desarrollo de las actividades de la población, poniendo en riesgo la salud, siendo los ciudadanos víctimas de este accionar delictivo, por lo cual han radicado múltiples denuncias ante las autoridades policiales”.