En el Concejo Deliberante ingresó hoy la notificación de la presentación judicial (ante el Fiscal Guillermo Lista), realizada el viernes pasado por el Tribunal de Contralor contra el jefe comunal, por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El texto de la denuncia fijó que a fines del 2010 Marcelo Cascón promulgó la Ordenanza que establece el organigrama del Ejecutivo, pero que en mayo de este año designó al arquitecto Gabriel Cazalá como “Coordinador del Proyectos con Financiamiento Externo” y a Andrea Arch como Directora General del Centro de Mediación Comunitaria “Acordar”. Esos cargos “no se encuentran contemplados en el organigrama político vigente”, cuestión el Contralor.

El mismo día del nombramiento de Arch, el Tribunal envió una nota al Intendente “para que informe cuál es la norma en la que se ha basado para concretar las designaciones”. También dio participación al Concejo Deliberante, desde donde se ratificó la inexistencia de los cargo en el organigrama: “Es condición necesaria y excluyente para la creación de un cargo político, no sólo que se encuentre aprobado por el Deliberante, sino que además se prevean los recursos para pagar dichas designaciones”, respondieron desde el Concejo.

El Tribunal, integrado por Oscar Cannizaro, Edith Garro y Nora García, recordó que el artículo 52 de la Carta Orgánica Municipal define que “los cargos políticos del Ejecutivo son establecidos por ordenanza, a iniciativa del Intendente”. Consecuentemente, radicó la denuncia penal al considerar que Marcelo Cascón. “incumplió los deberes de funcionario público al haber realizado designaciones políticas que no se encuentran amparadas por la normativa vigente”, con un “perjuicio concreto al erario público, ya que se designaron funcionarios con abultados haberes, sin que ello se encuentre justificado en ninguna norma”.

El incremento en el gasto político fue oportunamente informado por ANB, precisando que el haber de Cazalá rondaría los 8.700 pesos, mientras que por su nueva función, Arch –ex integrante del Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social- percibiría más de 7 mil.

En la denuncia penal, el Contralor denunció que el Intendente “se encuentra en pleno conocimiento de la situación irregular, por lo que podemos aseverar que está actuando con intensión y alevosía, en desmedro del patrimonio y los bienes del municipio”.

Interpretaron que esta irregularidad “podría enmarcarse en el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, que reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por el doble de plazo, para los funcionarios públicos que no ejecuten las leyes cuyo cumplimiento le incumbe. “Solicitamos que se investigue y que si se concluyere que el mismo ha incurrido en los extremos legales, se le aplique la máxima pena allí prevista y la multa complementaria”, requirieron.

Ésta es la cuarta vez que el Contralor acude a la justicia penal para denunciar al Intendente. Las anteriores fueron por la presentación de balances, el estacionamiento medido y la construcción de pilares de luz para los artesanos de la plaza del Centro Cívico. “De todas, esperamos novedades de la justicia”, afirmó Cannizaro, presidente del Tribunal.