Sin embargo, tras haber agotado todas las vías de reclamo, representantes del Grupo Discapacidad en Córdoba ayer acudieron a la Justicia para denunciar penalmente al jefe comunal y a su secretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, por el presunto delito de “abuso de autoridad” en el decreto de autorización precaria para las 200 nuevas unidades de Ersa y Autobuses.

Según explicó uno de los impulsores de la medida, Santiago Arévalo, la Ordenanza 12.076 (Marco Regulatorio) establece claramente en su artículo 32 la obligatoriedad para las concesionarias de “asegurar el 70 por ciento en cada línea, con unidades especialmente adaptadas”, mientras que el artículo 33 directamente fija que “todas las unidades a reponer deberán ser especialmente adaptadas para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida”. “Nada de eso se cumple, actualmente no llegan a 30 los colectivos adaptados sobre casi 800 unidades que circulan. De la Municipalidad sólo hemos recibido cachetadas a la discapacidad y por eso llevamos el tema a la Justicia”, dijo Arévalo, abogado y miembro de la ONG.

En igual sentido se manifestó Mariana Pérez, la joven que en la presentación de los 200 nuevos ómnibus de Ersa y Autobuses fue arremetida por los patovicas que acompañaban al intendente: “Con incumplimientos como éste retrocedemos años de inclusión, pero los últimos acontecimientos de esta Municipalidad son directamente una falta de respecto”.

Sin embargo, el propio Mestre desestimó la denuncia y le adjudicó un matiz político: “Es una lástima el desconocimiento de estas personas, porque es la primera vez en décadas que un intendente cumple con unidades adaptadas según la ordenanza que fija el 6 por ciento”, dijo en alusión a la norma 10.366 sancionada durante el gobierno de Germán Kammerath. Sin embargo, existe una ordenanza posterior, la 11.847, de la gestión de Daniel Giacomino que establece: “Todas las unidades del servicio público de transporte colectivo que adquieran las empresas concesionarias dedicadas a prestar dicho servicio en el ejido municipal, sean sociedades del Estado, privadas o de economía mixta, deben estar especialmente adaptadas y equipadas con rampas, para el transporte de personas con movilidad reducida, con el correspondiente espacio y elementos de sujeción de la silla de ruedas al piso del vehículo”.