El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde, presentará en las próximas horas una denuncia ante el Fiscal Federal, Fernando Alcaraz, una denuncia por "trata de personas por explotación laboral" después de que inspectores de la Subsecretaría de Trabajo detectaran este jueves a menores trabajando, trabajadores sin documentos y no registrados y falta de higiene y seguridad en la finca perteneciente a Gipsyes S.A ubicada en calle Suárez, sin número, ruta 7, departamento de Santa Rosa.

El accionar de los funcionarios de la Subsecretaría no fue fácil porque los responsables de la empresa trataron de impedir que se hiciera el control y el relevamiento necesarios, mientras que facilitaron la huida de muchos de los empleados de las instalaciones.

Los inspectores llegaron a la finca y encontraron trabajando a un niño de 12 años, a tres chicos de 15 y a otros cinco de entre 16 y 17 años que no contaban con permiso para las labores que cumplían.

Hay que destacar que cuando los funcionarios se den cuenta de la gravedad de la situación, ponen en conocimiento de los hechos al Fiscal Federal ante quien presentarán la denuncia mencionada.

Entre las hileras de la viña también hallaron a un bebé de 9 meses y a dos niños de 2 y 5 años acompañando a sus padres mientras cosechaban. De acuerdo con la visión de los inspectores, estos menores estaban expuestos a los peligros propios de la actividad en la finca.

Encontraron también que "en una casita pequeña viven 45 personas sin servicio de agua potable, sin servicio médico y en medio de pésimas instalaciones de los sanitarios". Tampoco tienen energía eléctrica. En este caso se labró un acta por infracción de infraestructura inadecuada.

Y para sorpresa de todos "encontraron 20 niños en un galpón, también en pésimas condiciones de higiene y seguridad".

Los trabajadores detectados en la finca de Santa Rosa son de nacionalidad boliviana y otros son tucumanos. Todos son indocumentados y sus condiciones salariales están totalmente fuera de lugar: perciben 2,50 pesos por tacho de uva cosechada cuando el gobierno acordó con el sector vitivinícola que se debe abonar 4 pesos.

Cabe destacar, según la información del ministerio de Desarrollo, que la empresa ya tiene infracciones anteriores por falta de higiene y seguridad en las infraestructuras precarias donde duermen los cosechadores