La Pastoral de Migraciones de Neuquén denunciará a la empresa ECAM, que había contratado a 70 ciudadanos paraguayos, que fueron desalojados de un predio donde vivían en condiciones de hacinamiento. Fue en septiembre de este año, y ahora tendrá una repercusión orientada hacia la responsabilidad del titular de la constructora.
La Pastoral considera al empresario responsable “de múltiples delitos”, según se adelantó este miércoles, y de “discriminación” contra los 70 ciudadanos paraguayos, que vivían en condiciones de hacinamiento, y que luego del operativo policial que los desalojó, se reubicaron en distintos lugares de Neuquén, y consiguieron trabajo, la mayoría de ellos, en otras empresas.
El tema llegó al conocimiento público en septiembre de este año, cuando en un operativo policial bajo el mando de la fiscal Sandra González Taboada, se procedió al desalojo de un predio en el barrio El Progreso, donde las familias, oriundas de Paraguay, vivían en precarias condiciones.
El hecho provocó una fuerte polémica, y derivó en presiones para que se investigue el presunto delito de trata de personas. También provocó un manejo mediático que fue condenado por los organismos institucionales que se ocupan de los migrantes en Neuquén, ya que en un primer momento se había hablado de “indocumentados” y de “ilegales”, cuando en realidad ninguna de estas figuras era aplicable a la situación.
El allanamiento dispuesto por la Justicia también fue cuestionado, por hacerse en horario nocturno. Se informó después que muchos chicos que estaban en el lugar, durmiendo, tuvieron que recibir tratamiento psicológico por la violencia de la situación.
Desde este enfoque, se pretendió que la investigación derivara hacia la responsabilidad de la empresa constructora, sin mayor éxito. Esto es lo que este jueves se reafirmará, en una conferencia de prensa donde se anunciará la denuncia formal que será presentada al INADI.
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