Sostuvo Risso que “hay una ley que obliga al gobernador a mandar el pliego del presidente del banco, no puede dejar de mandarlo, porque la ley del banco dice claramente que el presidente debe tener acuerdo legislativo”. Por ello, agregó que “hacer lo que están haciendo es violar esa obligación legal, dolosamente, es decir, con toda la intención de provocar un daño, que es violentar el derecho que tiene la Legislatura, y por lo tanto los representantes del pueblo, de controlar el pliego de quien conduce el banco”.

Indicó el diputado que “controlar los antecedentes y condiciones de quien conduce el banco es un derecho propio de la Legislatura y por consiguiente del pueblo del Chubut, por lo que el gobernador no puede decidir no mandarlo”. Y afirmó que “cuando dicta el decreto de nombrar a Antonena aclaran que es de forma provisoria, mientras se hace el trámite del pliego. Es decir que del decreto surge que el gobernador sabe que para que haya un presidente, tiene que haber acuerdo legislativo”.

Por esa razón, sostuvo que esta conducta entonces se encuadra en dos figuras del Código Penal, el articulo 248, de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y el 256 que es cohecho y tráfico de influencia, “porque deberá probarse si termina beneficiando a un funcionario y no sabemos si hay una dádiva, hay un compromiso o tienen un negocio. No se sabe cuál es la razón, si tiene una promesa de algo de parte de Antonena o del grupo económico que está detrás de Antonena para conducir el banco”.

Cuestión de privilegio

Expresó Risso que “por eso nosotros vamos a plantear el lunes una cuestión de privilegio, que se basa en que la Legislatura anule todo acto o norma que lesione los derechos de los diputados, y vamos a plantear que se derive a la justicia penal para que se investigue la conducta del gobernador, y qué lo motiva a no dar cumplimiento con su obligación”.

Agregó que también la Cámara en su conjunto debe plantear la derogación, es decir, “declarar la nulidad de ese decreto, porque ya perdió el efecto, al pasar un tiempo más que suficiente para el envío del pliego. Y esto lo demuestra la aprobación del pliego del fiscal de Estado. El gobernador queda incurso en la violación de los deberes de funcionario cuando manda el pliego del fiscal de estado y no manda el pliego del presidente del banco. Quiere decir que tuvo tiempo para elaborar uno y tendrá que explicar por qué no lo tuvo para el otro”.

Según Risso, en esta maniobra “quedó en evidencia que hay una intención dolosa a propósito, el mismo Buzzi se incrimina”. Por ello insistió en que se definirá el lunes “que sea la Cámara la que plantee la nulidad del decreto y la propia Cámara la que derive al procurador general la denuncia, porque se violenta el derecho de la Cámara”.

Aseguró que lo mismo ocurre en el caso de otras dos vacantes. “Rebagliati Russell salió a decir que no les interesa cubrir la vacante del STJ, pero esto no lo resuelve el STJ, hay una ley que establece que la Sala Penal y la Civil deben tener tres miembros. Y no puede porque se les ocurre dejar una con dos y la otra con tres”, afirmó.

“Y también incurre en incumplimiento al no nombrar al Defensor General, pliego que tampoco ha mandado. El gobernador se cree que puede estar por sobre la ley. Estas cuestiones las debe cumplir y son todas con acuerdo de la Legislatura, y no puede dejar de hacer algo para lesionar la facultad de la legislatura”, concluyó Risso.