Cuando todo indicaba que el Ejecutivo de la provincia había sorteado un nicho de conflicto tras el acuerdo salarial concretado en la primera semana de abril con los agentes de la Policía local, el panorama se complicó durante la jornada de ayer ya que los uniformados retomaron su actitud de rebeldía por considerar que los puntos acordados en esa instancia fueron incumplidos.

Más allá que durante la noche del viernes ambas partes se reunieron en Casa de Gobierno para tratar de saldar las diferencias suscitadas, la medida de fuerza llevada a cabo por los efectivos se mantiene hasta tanto se acerquen soluciones definitivas.

Fue el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, quien recibió a una comisión de policías para exponer los aspectos que motivaron la problemática. Víctor N. en representación de los "azules" comentó, al término de la reunión, que la misma "fue bastante prometedora, permitió que se abra el diálogo a partir de aquí. Le presentamos los nuevos puntos y él los entendió a la mayoría y comprendió nuestra inquietud. Tenemos su compromiso para transmitirle al Gobernador (los requerimientos) y estamos a la espera".

De acuerdo a lo recalcado por Víctor "el ministro reconoció que los puntos del anterior acta acuerdo no fueron cumplimentados, vio los recibos de sueldo y pudo comprobar que nosotros estábamos diciendo la verdad en el justo reclamo y esto será trasladado también al ministro de economía (Jorge Jiménez)".

Al ser consultado sobre alguna petición efectuada por el titular de la cartera de Gobierno alperovista, el oficial indicó que "bajo ninguna circunstancia nos puso una condición para levantar las medidas de fuerza. En un acto de comprensión está el entendimiento y razonamiento, al haber un buen diálogo se dan las garantías para nosotros".

Luego del encuentro, la comisión policial se dirigió a la Jefatura de Policía para que sean las bases quienes decidan la postura que adoptarían. Esto se reflejó en la consideración mayoritaria de proseguir con el accionar iniciado hasta concretar una nueva reunión con las autoridades".

Vale describir que los policías disidentes se hicieron presente desde los primeros minutos de ayer en las afueras de la Jefatura con el objeto de manifestar su malestar por la situación laboral que deben afrontar y exigir al Gobierno nuevas medidas orientadas a reivindicar su estado económico.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril, tanto el oficialismo como representantes de la fuerza llegaron a una concordia mediante el otorgamiento de una suba salarial que llevó la Asignación por Grado del cargo testigo (agente) de 800 a 1.950 pesos. A su vez, se acordó el pase a planta permanente de todo el personal contratado, como así también la paralización de sumarios que sean llevados a cabo como una especie de represalias por el accionar concretado.

A casi un mes de tal conciliación , desde "los azules" se consignó el incumplimiento total de estos parámetros y, a su vez, redoblaron sus pretensiones, puesto que ahora solicitan una Asignación de Grado de 3.500 pesos, entre múltiples aspectos que se relacionan con el esquema monetario. "No estamos acá porque queremos ni mucho menos por un fin político. El único fin que nos trae es la familia porque pasamos hambre. El policía es pobre, eso debe saber la ciudadanía. Si hoy tendríamos que vivir de nuestro sueldo es seguro que no llegamos a mitad de mes, indicó Víctor.

Asimismo, pese a mostrar su disconformidad con la plana mayor de la fuerza, las opiniones se diversificaron en torno a la exigencia de solicitar la renuncia de este segmento jerárquico. "Si el Gobernador dispuso que tanto el Jefe como Subjefe se mantengan en sus puestos, es una situación que él entenderá y sabrá por qué lo hace. Nunca nos sentimos representados, por lo que sigan o no sigan es algo que a nosotros no nos interesa en el fondo de la cuestión", prosiguió Víctor.

Por otra parte, los uniformados sostuvieron que en cuanto a la promesa sustentada en pasar a planta permanente al personal transitorio, la misma no llega a concretarse ya que, de acuerdo a lo relatado por los manifestantes, principalmente el personal penitenciario aún se encuentra en ese estado desde hace seis meses.

En tanto, con respecto a las sanciones que se habrían promovido desde el Gobierno, el agente Angel. G. P. dio su testimonio por ser uno de los afectados por tal maniobra. Su caso fue tomado como referencia puesto que se le inició a su persona la tramitación de un sumario administrativo en el que se le imputa "sedición en grado de tentativa" por un hecho relacionado con el primer levantamiento de los "azules".

Ello explicaría la indignación de los policías debido que tal suceso respondería al reclamo efectuado por A.G. a un superior al constatar que en el recibo de sueldo donde se debían percibir los ascensos acordados, se procedió a la eliminación de un decreto remunerativo que afecta en una disminución que abarca desde los 331 pesos para el escalafón más bajo (cadete) hasta los 884 pesos (Comisario general).

El efectivo adujo que "las cifras que perdemos nos interesan porque hacen al aporte jubilatorio y Subsidio de salud. Ese es el motivo principal del paro, les queremos demostrar que no somos ignorantes. Esto se trata de una estafa", denunció.

En horas de la tarde, la comisión policial se encargó de acercar un petitorio al Comisario Mayor José Ardiles (Jefe del Departamento D1) tras lo cual se pudo concretar la reunión en el Palacio Gubernamental.

Petitorio elevado

* Asignación de Grado de $ 3.500 y eliminación de decretos no remunerativos.

* Reintegro del Decreto 1950/3

* Pase a planta permanente del personal transitorio y servicio penitenciario.

* ART por 24 horas, todo el año

* Derogación de la ley provincial 7.410 y 7.488 (el personal transitorio percibirá como única remuneración la suma que fije el PE, sin ningún tipo de adicionales o sobreasignaciones)

* Creación de grados correspondiente

El PE dice que Stella Maris fogoneó el conflicto

Desde el Administración provincial se sostuvo que este reclamo posee un trasfondo político y acusaron directamente a la diputada nacional Stella Maris Córdoba por incentivar la manifestación. El subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, al tiempo de calificar la situación como "un acto de indisciplina porque se ha cumplido estrictamente con lo pactado", aseguró que los policías "fueron convocados por mensajes de texto y otros medios a la sede de la diputada nacional Stella Maris Córdoba, a un inmueble ubicado en Lucas Córdoba 1.160" la noche en que dispusieron la concreción de la medida adoptada.

Según informó Barrera, esta movida estuvo a cargo de Marcelo Vogler, a quien apuntó como organizador de la nueva protesta. Por otro lado, el funcionario recordó que Vogler está acusado de sedición, en relación con el anterior levantamiento. Resaltó que el ex uniformado, cesanteado de la institución, aspira a integrar la lista de candidatos de Córdoba en las elecciones provinciales de agosto.

El propio José Alperovich destacó los posibles móviles políticos: "Yo pido lo mejor para todos los tucumanos. El conflicto no lleva a nada. La manera de hacer política es trabajando. Si los políticos creen que haciendo roña ganan votos, es cuestión de ellos. No voy a hablar", dijo.

La diputada kirchnerista se defendió de las críticas

"El Gobierno provincial pretende distraer la atención de la ciudadanía por su impotencia política para resolver el conflicto de los trabajadores de la Seguridad Pública", señaló la diputada Stella Maris Córdoba ante las públicas imputaciones efectuadas por Barrera y Alperovich.

"El jefe de policía en su discurso sólo reproduce un modelo anacrónico que ha fracasado en todo el mundo. Este modelo se basa en la concepción militarista de la concentración del mando”, añadió.

Sobre las declaraciones de Barrera, la candidata a gobernadora por Proyecto Popular señaló que "seguiremos compartiendo nuestra sede con los Trabajadores de la Seguridad Pública como la compartimos con los representantes de los Pueblos Aborígenes, los trabajadores de la Salud autoconvocados, los sectores juveniles y todos los compañeros trabajadores que no tengan un espacio donde se pueda debatir con libertad, sin presiones y miedos de ninguna clase".

"El año pasado el compañero Marcelo Vogler acercó una propuesta para la sindicalización de la fuerza policial que he trabajado con mis asesores y la he transformado en un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Diputados", precisó la actual Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación.