El Instituto advirtió que, de confirmarse las transacciones ilegales, impulsará desalojos, acciones judiciales y exclusión del Registro de Demanda Habitacional.
La gerencia comercial del IAPV debió salir a informar oficialmente que las transacciones denunciadas se encuentran expresamente prohibidas por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes del organismo.
De la misma manera, advirtió que la prohibición “no sólo resulta de dominio público”, sino que “en especial es permanentemente advertida e informada por el IAPV a los aspirantes y adjudicatarios en todos los procesos de adjudicación y venta de unidades habitacionales”.
En consecuencia, aclaró que aquellas transacciones que se realicen en contravención a la reglamentación vigente “resultan nulas e inoponibles al IAPV”.
Sanciones
En caso de corroborar que existen ventas, cesiones, locaciones, comodatos o cualquier otra transacción sobre los inmuebles, además de iniciar las acciones legales pertinentes, el IAPV sancionará tanto el adjudicatario como el tercero co-contratante. El castigo será la inmediata exclusión del Registro Único y Permanente de la Demanda Habitacional, con lo cual no podrán acceder en el futuro a viviendas construidas o financiadas por el organismo provincial.
Asimismo, se dispondrá el “inmediato desalojo de los ocupantes irregulares e ilegales”, como así también la promoción de acciones judiciales por los daños y perjuicios provocados por ese ilegítimo accionar, informó el Instituto.
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