Según expusieron en su presentación, los damnificados "hemos hecho las denuncias penales correspondientes dado que es un delito de acción pública, las ratificamos y presentamos pruebas, pero así y todo, cada día nos sentimos más desprotegidos", al tiempo que subrayaron que "es un hecho que toda usurpación luego deriva en la comisión de otros delitos y estos lugares terminan convirtiéndose en ‘aguantaderos’ de delincuentes que ‘trabajan’ en este barrio u otros".

En esa línea, los denunciantes consideraron que las "autoridades que tendrían que proteger nuestra seguridad y bienestar, nos obligan a convivir con delincuentes".

Asimismo, repararon en que "el Estado le debe asegurar vivienda digna a los que no la tienen", aunque aseveraron que "no a costa de desvalorizar las propiedades de los que sí pagamos impuestos, los que sí nos preocupamos por tener nuestros títulos de propiedad y cumplir con todos los requisitos que emanan del Código de Edificación Urbana".

Y cuestionaron que, pese a "haber presentado expedientes en la Municipalidad y haber advertido de la problemática a concejales y al propio Intendente, nadie puso el más mínimo interés en la grave situación que estamos viviendo".

"Nos preocupa muchísimo el desinterés por parte de las autoridades, no hay control alguno por parte de Obras Privadas de la Comuna y hacen oídos sordos a nuestros reclamos", cuestionaron por último.