Una agente penitenciaria, que brega por la agremiación de las fuerzas de seguridad (el Sindicato de Empleados Penitenciarios, Policiales y Afines (Seppa), pidió ayer a la Justicia que investigue la "de-

sigualdad" y falta de equidad con la que la cúpula de la Policía cordobesa trata a sus propios miembros. 

"No puede ser esta falta de igualdad, ya que los policías de bajo rango que están involucrados en casos judiciales son inmediadamente dados de baja, mientras que no ocurre lo mismo con los de alto rango", aseguró esta tarde a la prensa Adriana Rearte. 

La agente penitenciaria, que lleva adelante una causa judicial con el fin de lograr la agremiación de las fuerzas de seguridad, insistió: "Los oficiales de alto rango (investigados por la Justicia) no sólo que no son pasados a disponibilidad, sino que, en ocasiones, siguen escalando y llegan a altos cargos". 

Rearte, que responsabilizó por lo que sucede a los miembros del Tribunal de Conducta Policial, lamentó que no se juzgue "de la misma forma" a quienes sólo se reúnen, por ejemplo, para tratar "razones salariales", que son "pasados a disponibilidad", y a otros policías "de altos cargos", involucrados en otros casos judiciales. 

La denuncia penal formalizada por Rearte (foto) para que se investigue este supuesto trato desigual, tiene como telón de fondo lo sucedido el sábado pasado en Villa María (ciudad ubicada a 146 kilómetros de la Capital cordobesa), donde 28 agentes fueron imputados por intentar reunirse para agremiarse o discutir cuestiones salariales. 

A diferencia de Rearte, el jefe de las Departamentales Sur de la Policía cordobesa, Miguel Ángel Castelló, tildó de "gravísimo lo sucedido", porque "esa gente no tiene ni aval gremial ni jurídico". 

"Lo ocurrido el 3 y 4 de diciembre pasado empezó con reuniones como estas y terminó con un problema gravísimo", recalcó Castelló, en alusión al acuartelamiento que, a fines de 2013, la Policía cordobesa concretó por razones salariales. 

El fiscal de Instrucción de Villa María, Gustavo Atienza, ordenó la imputación de los 28 policías, por supuesta "desobediencia a la autoridad", en el marco de la Ley 10.187, sancionada tras el autoacuartelamiento de diciembre pasado, que prevé la expulsión de la Policía o del sistema penitenciario de los efectivos que "promuevan conductas de insubordinación". 

Los efectivos fueron detenidos el sábado al mediodía cuando, en un bar de Villa María, se disponían a participar de una reunión junto a representantes de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina, filial Córdoba. 

El artículo 3 de la Ley 10.187 prevé que quienes incurrieran en insubordinación, abandono de servicio y reclamo hostil -entre otras conductas-, serán considerados incursos en "falta gravísima, no siendo necesario sumario previo". 

La misma norma estipula que "el personal involucrado quedará suspendido de inmediato, pasando a revistar en situación pasiva, e intimado a formular descargo en el término de 24 horas, vencido el cual el Poder Ejecutivo -mediante resolución fundada- podrá disponer la sanción segregativa y la consecuente baja de la institución". 

Los 28 efectivos fueron trasladados a la sede de la Departamental Villa María y, ese mismo sábado, 25 de ellos fueron puestos en libertad, mientras que tres siguen detenidos porque se les atribuye  además el delito de "privación ilegítima de la libertad". 

El acuartelamiento concretado por la Policía entre el 3 y el 4 de diciembre del año pasado generó que, durante esos días, hubiera robos y saqueos, que afectaron a más de 1.000 comercios en la capital cordobesa, aprovechando la falta de seguridad.