Miembros de la fuerzas de seguridad de Venezuela “usaron la fuerza de forma ilegítima” en las protestas contra el gobierno, la mayoría encabezadas por estudiantes, y golpearon brutalmente y dispararon a quemarropa contra manifestantes que no estaban armados, denunció la organización Human Rights Watch en un informe presentado ayer en Washington.

Además, el reporte señala que numerosos detenidos también fueron sometidos a torturas y graves abusos físicos y psicológicos por miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que la Justicia venezolana no hizo nada para garantizar el debido proceso de los arrestados. Agrega que también se permitió que pandillas armadas partidarias del gobierno de Nicolás Maduro atacaran a civiles desarmados y que en algunos casos los uniformados colaboraron directamente con ellas.

“Nuestro informe concluye que las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad han sido una práctica sistemática de las autoridades de seguridad venezolanas”, dijo a Clarín Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En ese sentido, las altas autoridades, incluido el presidente Maduro, deberían conocer que estos abusos estaban ocurriendo y, como mínimo, los toleraron”, agregó. Señaló que el patrón de abusos “representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.

El informe, de 103 páginas, documenta 45 casos que involucran a más de 120 víctimas ocurridos en Caracas y tres estados –Carabobo, Lara y Miranda– donde se realizaron decenas de entrevistas a abusados y sus familiares, testigos, médicos, periodistas y defensores de derechos humanos. También se recolectaron evidencias como fotografías, videos, informes médicos y se examinaron informes del gobierno y declaraciones oficiales sobre el tema.

Un ejemplo es el de un muchacho de 22 años, detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Ese mismo día había participado de una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias que le dieron patadas, lo golpearon y le dispararon un perdigón desde muy corta distancia en el muslo derecho.

El reporte agrega que “sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad”, pero que sin embargo las fuerzas de seguridad recurrieron reiteradamente al uso de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas.

Los incidentes en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 785 heridos y unos 2.200 detenidos, según la Fiscalía general. El gobierno considera que las protestas forman parte de un plan promovido por grupos de “extrema derecha” para dar “un golpe de Estado”.

Vivanco señaló a Clarín que el informe incluye varias recomendaciones a las autoridades para frenar estos abusos. Por ejemplo, pide a Maduro “que se abstenga de realizar declaraciones públicas que le atribuyan responsabilidad penal a manifestantes o a opositores sin evidencias que sustenten esas afirmaciones o declaraciones que podrían incitar a que partidarios del gobierno cometan delitos”. Y, también, a que autorice la visita de monitores de Naciones Unidas para evaluar la situación. Asimismo, solicita al Poder Legislativo que adopte medidas para revertir “el grave daño a la independencia judicial en el país”.

Vivanco apeló a la comunidad internacional para frenar los abusos ya que “éste es un caso para poner a prueba el compromiso colectivo de los gobiernos regionales para proteger y promover los derechos humanos en Latinoamérica”. Y se refiere en particular al Mercosur, la Unasur y a la OEA.