Cada denuncia que realizaron fue categóricamente rebatida por el Estado por lo que todas las miradas apuntan ahora a lo que resuelva la Justicia. Susana Antonia López insiste con que una empresa constructora usurpó, a fines de 2009, más de 200 hectáreas de bosques nativos de su propiedad que, según afirma, fueron arrasadas para comenzar a levantar un country en Raco (sobre la ruta 341, kilómetro 12).

Desde entonces la mujer realizó innumerables trámites y denuncias en la Justicia y diversos organismos públicos ante la aparente violación de sus tierras y por el presunto daño ambiental que implicó este desmonte. En forma paralela, también advirtió que el emprendimiento inmobiliario de la firma Huaira Horco desvió el cauce del río Los Planchones, tributario del río Tapia que y que abastece de agua al dique El Cadillal.

Sin embargo, cada uno de estos hechos fue desmentido por el director de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia, Daniel Manso. “Jamás se autorizó ni se talaron árboles. Tampoco se usurparon tierras como se dice. En realidad, Susana López mantiene hoy una disputa por tierras con un familiar y con otros propietarios de la zona y en el medio de todo esto surgen las acusaciones de daño ambiental que no son ciertas”, afirmó el funcionario a primerafuente.

Por su parte, desde la vereda de enfrente, Pedro Martínez, representante de la organización Conciencia Ambiental, avaló la denuncia de López. “Arrasaron cientos de hectáreas de bosques nativos de una propiedad privada. Encima desviaron el río para abastecer a los 57 lotes del country. Jamás realizaron un estudio de impacto ambiental. Causaron un daño irreparable”, afirmó Martínez.

“En realidad se avaló la toma de agua del arroyo Los Planchones para una propiedad privada de la zona. Para esto se instalaron caños de captación de agua. Esto fue autorizado por la Dirección Provincial del Agua (DPA). Con respecto a los desmontes, eso jamás sucedió. El único permiso que esta repartición otorgó fue hace dos años a un propietario de la zona para realizar tareas de limpieza en partes bajas, raleos, sin tocar los árboles, para pastoreo, en un proyecto ganadero”, respondió Manso. “Se permitió abrir un camino de circulación interna pero no hubo desmonte”, agregó.

La disputa se encuentra ahora asentada en dos demandas penales impulsadas por Dora Alanís, hija de López. Una por usurpación contra la firma Huaira Horco y otra por el daño ambiental causado ante la presunta violación de la ley 6.253 sobre defensa y conservación del ambiente. Alanís asegura que su madre es propietaria y poseedora del inmueble en cuestión luego de que sus bisabuelos adquirieran en 1884 un total de 3 mil hectáreas en la zona.

A mediados del año pasado, la familia denunciante acudió a la organización ambientalista Pro-Eco para realizar un estudio de impacto ambiental en la zona. El informe técnico, que se agregó a la demanda judicial y forma parte de un expediente en la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos es categórico. Confirma que hubo un importante desmonte en el lugar y que se arrasaron especies arbóreas nativas sin autorización. “Incluso se deforestaron márgenes del río lo que es ilegal y se excavó su lecho para derivar agua a otra zona. No hay dudas de que hubo una seria agresión ambiental”, concluyó Juan José Palacios, integrante de Pro-Eco a primerafuente.