Azucena Orellana y Mario Orellana lo dicen claro: "Pedro Sández mandó a su gente a usurpar y cercar las tierras que nos corresponden en Anta". En este caso, que también llegó a la Justicia, aparecen como actores o testigos laderos del diputado que figuran en otros expedientes judiciales.

Los Orellana tienen un puesto en La Laguna, cerca de Talavera, donde vivieron varias generaciones de esa familia. Hace algunos años, Azucena (50) y su tío Mario (72) empezaron los trámites previos para presentar el plano de prescripción adquisitiva ante la Dirección de Inmuebles y luego obtener la titularidad a través de un juicio de posesión veinteañal. Ellos quieren prescribir unas 2.000 hectáreas correspondientes a fracciones de las matrículas 801 y 484. Según registros de Inmuebles, el primero catastro figura a nombre de la empresa Agropecuaria Andorrana y el segundo tiene como titulares a Juan, Gustavo y Diego Marchisio y a Miguel Ragone.

A comienzos de año, Mario se dio con una ingrata sorpresa. Un grupo de personas a los que identificó como familia Abregú, empezó a hacer pozos y a alambrar una fracción del puesto La Laguna.

Azucena radicó la denuncia ante la Fiscalía de El Quebrachal por usurpación, pero nada detuvo el avance ilegal. "Ellos vivían en puesto Las Perlas, a unos 15 kilómetros, pero Sández los corrió y los mandó asentarse en La Laguna", manifestó la mujer.

Por motivos de salud, Azucena y Mario se deben desplazar cada tanto a Salta capital. No obstante, se turnan para no abandonar el puesto en Anta.

El otro intento

Las tierras que ocupan los Orellana también estuvieron en las aspiraciones de Leoncio Salto, quien reside en el vecino puesto de San Luis.

Con la intención de sacarlos de La Laguna, Salto inició en 2013 un interdicto de retener posesión contra Mario y Azucena. Ante el Juzgado Civil y Comercial de Joaquín V. González testimoniaron a su favor Fidel Rojas y Víctor Hugo Gil.

Rojas y Salto, por cierto, fueron incluidos como testigos en el juicio de posesión que Héctor Saravia, patrocinado por Natalia Godoy, hija del presidente de la Cámara de Diputados, entabló para quedarse con 4.939 hectáreas de seis matrículas que figuran a nombre de la Ex Pyrenees Sudamericana, Elías Lavaque y los Marchisio.

En el caso de La Laguna, Salto tuvo un revés judicial ya que la jueza Patricia Rahmer no hizo lugar a su planteo. Es que hasta las propias hermanas de Salto lo contradijeron.

Los mismos de siempre

Azucena Orellana aún recuerda el incendio que desmoronó la casa que tenía en puesto La Laguna. "Fue en la década del 90. La quemaron intencionalmente", aseguró la mujer. Por motivos económicos, los Orellana jamás pudieron levantar una nueva construcción y solo tienen allí toldos precarios. Esa situación fue aprovechada por los laderos de Sández.Fuentes de Anta incluso señalaron que Leoncio Salto fue utilizado por Sández para litigar contra los Orellana, pese a que tienen vínculos familiares, y que él ni si quiera sabe que tuvo un revés en la Justicia. El 20 de octubre, El Tribuno publicó un informe sobre los avances de los laderos de Sández sobre tierras públicas y privadas. Esas avanzadas se suscitaron después del fracaso de Tolloche, donde Sández, el presidente de Diputado, Santiago Godoy, y el intendente de El Quebrachal Leonardo García, no pudieron quedarse, a través de testaferros, con lotes destinados para campesinos. En 2011 Roberto Montenegro, Ramón Burgos y Félix David, hermano de un procesado por el caso Tolloche, se introdujeron en el lote fiscal 65. Esas tierras públicas hoy están alambradas y tienen tranqueras con candados.