La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú recordó que la planta de la papelera finlandesa UPM-Botnia cumplió 1.500 días de funcionamiento y denunció que "desde Uruguay se sigue mintiendo y desde Argentina se contesta con silencio".
La planta de capitales finlandeses comenzó a funcionar en noviembre de 2007 en Fray Bentos, frente al río Uruguay compartido con Argentina, luego de un largo conflicto binacional que incluyó un corte de ruta de tres años y medio por parte de los asambleístas.
El conflicto llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tribunal que a mediados de 2010 dispuso la realización de un monitoreo compartido en el río Uruguay, tras lo cual los presidentes Cristina Fernández y José Mujica acordaron la formación de un comité científico binacional coordinado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que tiene sede en la ciudad uruguaya de Paysandú.
En tanto, unos sesenta asambleístas de Gualeguaychú están acusados en la justicia federal en distintas causas por los cortes de ruta.
La Asamblea recordó "las emisiones de tóxicos vertidos por la planta" tras apuntar que se realiza esa enumeración en momentos en que "los gobernantes dicen que "el problema Botnia" ya está superado; cuando se avanza con un monitoreo, inadecuado, inaceptable y viciado de nulidad, cuando desde el Uruguay se continúa mintiendo y desde Argentina se contesta con silencio".
En ese sentido, la Asamblea apuntó que en 1.500 días de funcionamiento la planta de Botnia-UPM volcó al río Uruguay "más de 39 mil toneladas de tóxicos" y que en el mismo tiempo se vertieron "más de 38 mil toneladas de tóxicos a la atmósfera".
También señalaron los asambleístas que "se fugaron, debido a derrames de tanques y roturas de equipamiento, una muy importante pero desconocida cantidad de licor negro, insumos y compuestos tóxicos por el sistema colector de pluviales".
La Asamblea apuntó que se evidenciaron "claros daños a la flora del río en los alrededores de la planta", ubicada en Fray Bentos a unos 30 kilómetros lineales de Gualeguaychú.
En cuanto a los resultados del monitoreo que realizan los técnicos de ambos países, la Asamblea aseguró que "se descubrió una línea ilegal de dilución de los efluentes" y que "se comprobó el vertido de efluentes crudos de Botnia directamente al arroyo Yaguareté efluente del río Uruguay".


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