La legisladora provincial Silvia Rivero (bloque Concertación Plural) presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del fiscal Hugo Amayusco, por las irregularidades producidas por el Ministerio de Salud de la provincia en la Licitación Pública, por la cual se tramitaba la compra de equipamiento para Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales provinciales.

Según los datos e informes con los que cuenta la legisladora, la compra del material licitado se hizo por un monto que, incluyendo impuestos, es de $ 10.843.804,84 y sin impuestos es de $ 9.504.073,61, mientras el presupuesto oficial para este Lote era de $ 7.186.602,90.

Para Rivero, la diferencia entre lo presupuestado y lo adjudicado es de más un 50,89%, tomando el precio ofrecido más impuestos, y se reduce a más un 32,25% sin impuestos.

Según la edil, esta "maniobra" estaría incumpliendo una ley vigente que sólo permite una diferencia entre la licitación y el otorgamiento del 5 por ciento.

Para Rivero, esta licitación en una clara "maniobra irregular" realizada por los funcionarios del Ministerio de Salud. "He presentado ante la fiscalía del doctor Amayusco una denuncia solicitando que se investigue, según la ley de contrataciones del gobierno provincial, la licitación que se llevó a cabo a finales del año pasado, desde el Ministerio de Salud y la agencia Córdoba Inversiones y Financiamiento, sobre la compra de equipamientos para terapias intensivas y alta complejidad para los hospitales de la provincia.

La razón de la denuncia es que hay un incumpliendo de esa ley porque se adjudicó a la empresa que está cuarta en el orden de acuerdo a los precios, o sea no era la oferta más económica y se objetaron las tres anteriores por algunas cuestiones técnicas, pero a ésta se le adjudicó por un presupuesto en un 50 por ciento superior al presupuesto oficial fijado por el Ministerio de Salud (…)

"La maniobra es ilegal"

Esta maniobra es ilegal, porque la ley establece que la tolerancia que hay en la provincia para la contrataciones en estos casos es tan sólo del 5% y estamos hablando de un 50,89% más. No sólo eso sino que el índice de endeudamiento de la empresa Asimed, que fue la favorecida por esta licitación, es de 2,43, esto quiere decir que la empresa debe 2 veces y medio su patrimonio con vencimiento inferiores al año, o sea que los debe en el año en curso, lo cual es una situación financiera sumamente comprometida que pone en riesgo no sólo la provisión de lo que se concretó sino la garantía y el soporte técnico que también forman parte de lo licitado (…) se está gastando $ 3,8 millones de más contra la ley y que podrían servir para equipar por completo un hospital más con el mismo grado de complejidad", señaló Rivero.

Para la legisladora, esta maniobra tiene a varios funcionarios de salud como responsables directos. "Si alguien se equivocó, que pueden haberse equivocado al presupuestar, hubo un acto ilegal al admitir esta empresa. No hay una sola persona que intervenga en una licitación, alguien presupuesta, pero alguien también diferente de quien presupuesta es que autoriza la compra, y en este caso la autorización está en la cabeza del ministro o de algunos funcionarios ministeriales, esto es uno de ambos cometió la irregularidad. Puede ser por un error presupuestario y por un rediccionamiento del pliego", dijo Rivero.

Según la legisladora en la última participación del Ministro de Salud Oscar González en la Legislatura provincial le pidió una explicación sobre este procedimiento y el responsable de la cartera de la salud se comprometió a responder en otra oportunidad cuando sea interpelado en la Unicameral.