La Diputada por la Coalición Cívica Maricel Moro presentó ante la Cámara de Diputados de la Provincia un pedido de informe al Ejecutivo por la adquisición de las cámaras de video para los centros urbanos de los principales conglomerados del conurbano bonaerense.

La legisladora sostuvo que "eludiendo todo procedimiento y resguardo administrativo los municipios de la provincia -con la complacencia del gobierno provincial e invocando una supuesta 'urgencia'- están contratando sin licitación ni controles la compra de cámaras de seguridad".

Según lo adjuntado como fundamentos, algunos medios periodísticos remarcaron que varios intendentes del conurbano denunciaron presiones a la hora de la adquisición del material. "Según la información publicada en medios de prensa, al menos 2 de los 33 municipios incluidos en el programa (San Isidro y Morón) admitieron que recibieron presiones para contratar con determinadas empresas" remató Moro.

El Plan Integral de Protección Ciudadana fue puesto en marcha por el Gobierno Nacional para asistir a las provincias de Buenos Aires y Mendoza. "Del total de $400 millones que el Gobierno nacional prevé desembolsar, $203 millones (es decir, el 50,75%), se destinó a la compra de cámaras de video", señaló la Diputada.