Una mujer se presentó en la comisaría departamental de Andalgalá para radicar una denuncia en contra de un menor de 15 años que le había vendido una netbook escolar y luego se la sustrajo por la fuerza. El episodio toma ribetes insólitos, ya que se trataría de una de varias computadoras robadas a principios de año, y el joven se la habría vendido en cuotas. La denunciante señaló que, como no logró cumplir debidamente su “plan de pago”, el menor abordó a su hija en un paseo público y le robó con violencia el equipo.

La Justicia tomó cartas en el asunto y, bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, realizaron un allanamiento en el domicilio del menor, ubicado en el barrio Virgen del Valle. Allí se secuestraron otras seis netbooks, las cuales pertenecerían al plan gubernamental “Conectar Igualdad”, y teléfonos celulares.

Es necesario recordar que, durante el mes de marzo de este año, se reportó el robo de casi una veintena de netbooks que entrega el Estado, de la Escuela Secundaria Nº 82 “Samuel Lafone Quevedo”, de las cuales la mayoría fueron recuperadas luego de registros domiciliarios. El ilícito en aquella ocasión estuvo en manos de menores de edad que asistían a dicho establecimiento, quienes las desbloqueaban y posteriormente las vendían a precios sumamente accesibles. Los datos de los equipos encontrados por la policía serán enviados a los técnicos del plan “Conectar Igualdad”, a los fines de que corroboren si es que se trata de los equipos que faltaba recuperar.

El juez de menores, Rodolfo Cecenarro, sigue de cerca el caso, ya que el denunciado por la sustracción es un menor de edad, pero la investigación hasta ahora continúa en manos de la fiscalía, debido a que se está analizando si la denunciante no incurrió también en un delito al proceder con la compra de un elemento de obvio origen ilícito.

Ilícito

La comercialización de las netbooks del programa “Conectar Igualdad” es ilegal y compromete tanto a quien la vende como al comprador. Las mismas se dan en comodato a los alumnos de los establecimientos escolares con un fin educativo y de inclusión, previa firma de contrato con los tutores, donde se comprometen a su no comercialización.