Un abogado presentó como prueba un acta notarial donde anticipaba noticias que saldrían publicadas en un diario.
El letrado planteó su denuncia ante el juzgado de instrucción formal a cargo de Jorge Sosa Vallejos y responsabilizó a ambos funcionarios por la publicación de un requerimiento fiscal antes de que el juez del caso hubiera notificado la novedad al acusado. También acusó al procurador de haber acordado con el director del Nuevo Diario de Salta la publicación de informaciones que él mismo le suministraría para utilizarlas como “notitia criminis” y fundamentar acciones judiciales en tales artículos. El delito, en este caso, se encuadra en la figura de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La fuente era el fiscal
Sosa adjuntó como prueba de las “negociaciones incompatibles” entre López Viñals y ese diario, un acta notarial fechada el 29 de octubre pasado donde asegura que tiene conocimiento de que “el procurador de la Provincia de Salta tiene planificada la realización de una campaña de desprestigio contra el señor Juan Carlos Romero y funcionarios que fueron parte de su gobierno”.
Esa campaña iba a consistir, anticipaba, en el suministro de información al diario sobre supuestas ventas irregulares de tierras, para su publicación previa a la notificación del juez correspondiente. En el acta, Sosa anticipó una serie de acciones que luego se cumplieron. En primer lugar, aseguró que en los días siguientes, sábado 30 o domingo 31, el Nuevo Diario publicaría como ilícito la compra por parte de Sosa del inmueble perteneciente a Industria Química Baradero SA, que luego fue comprado por la Provincia.
Además, anticipó en el acta una nueva promoción de acción penal contra Romero y otros funcionarios por la compra de inmuebles a Mercado SRL.
“Al no tener facultades adivinatorias, de cumplirse el plan que ha sido narrado, será prueba del plan difamatorio y persecutorio narrado anteriormente”, afirma Sosa en el acta planteada como prueba del aparente negociado.
Todo lo que anticipa el acta se cumplió. Fueron varias las publicaciones que generaron una acción fulminante de los fiscales contra Romero y sus funcionarios. El martes 3 de noviembre, el Nuevo Diario anunciaba la promoción de acción por parte de la fiscal Emma Puente por el caso Mercado, contra Romero, Walter Wayar, Fernando Yarade, Javier David y Manuel Brizuela. El diario afirma ese día que la investigación se inició a partir de sus publicaciones.
La página web del Procurador
Sobre la violación de secretos que atribuye a López Viñals y a Barrionuevo, Sosa presentó como prueba un comunicado oficial publicado en al página web del Ministerio Público el 23 de noviembre último. Allí se transcribe textualmente el requerimiento de instrucción formulada por el fiscal Barrionuevo, esta vez contra Romero y Brizuela. “El Código procesal penal prohíbe en forma expresa la divulgación del requerimiento fiscal de instrucción, que es parte integrante del sumario, que será siempre secreto para los extraños...”.
“...la instrucción de la mayoría de los delitos sigue estando a cargo de un juez, concebido como el director del proceso; también es por eso que el juez guarda para si qué es lo que debe investigar, evitando toda difusión del caso que perjudique su tarea”, sostiene Sosa en la denuncia ante Sosa Vallejos.
“Espero que investigue el juez”
“Espero que se haga Justicia. Y para que se haga Justicia es necesaria la investigación a cargo del juez de la causa y que él se pronuncie. No debemos olvidar que desde la fiscalía se puede intentar frenar todo archivando las actuaciones”, dijo Alberto Raymundo Sosa en declaraciones radiales. “De ninguna manera se cuestiona la libertad de prensa, sino el uso de información secreta para provocar una condena social anticipada”, dijo el letrado.
Sosa destacó que “en declaraciones radiales, el procurador dijo que mi denuncia es fantasiosa. Más allá de que se trata de un término irrespetuoso, si el no conocía el texto de la denuncia, como dijo, mal puede calificarla de fantasiosa”, aseveró el letrado.
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