Tres trabajadoras detallaron en Tribunales las anomalías administrativas de la organización. En el escrito relataron que les hacían firmar cheques en blanco y que eran empleadas con sueldos de miseria.
Mercedes Morales y Paola Castagnino, quienes tuvieron cargos directivos en la cooperativa Informática Riocuartense Ltda., son patrocinadas por el defensor oficial, René Bosio. Lorena Coria, que figuraba como tesorera en Mantenimiento y Construcción Ltda., también hizo una denuncia aunque acompañada por su propio abogado.
Las tres mujeres, que hace 45 días relataron públicamente las prácticas de la Fundación Ergon, detallaron en la denuncia que les hacían firmar papeles y cheques en blanco, que les descontaban el 40 por ciento de sus ingresos, que a pesar de ser directivas jamás vieron ni un formulario ni un balance. Sus cargos eran de ficción.
Castagnino firmaba como presidenta de la cooperativa en la que trabajaba y Morales aparecía como secretaria. Según relataron -y Bosio lo hizo constar en la denuncia-, personal de Ergon les hacía firmar todos los meses dos o tres cheques en blanco. Jamás supieron cuál era el destino de esos cheques. Y se preocuparon cuando descubrieron que habían acumulado deudas en la Afip y la obra social a pesar de que la Fundación les descontaba el monotributo todos los meses. Coria vivía la misma situación.
Las 9 cooperativas que están en la órbita de Ergon están contratadas, en realidad, por el Municipio. Pero, todas cedieron la administración a esa fundación que, a cambio de una comisión, les administra los fondos. Las mujeres aseguraron que, en los hechos, Ergon no habría sido una simple administradora sino un empleador encubierto. "Siempre nos reportamos a ellos como si fuéramos sus empleados", dijeron. Y aseguraron que nunca tuvieron la posibilidad de desligarse de esa administración tercerizada. Los integrantes de Ergon eran los ideólogos y organizadores del sistema.
Bosio, el defensor oficial que patrocina a Morales y Castagnino, detalló que en la denuncia se enumeran las presuntas irregularidades que habría cometido la fundación.
El fiscal Moine las investigará y, en el caso de que llegue a la conclusión de que esas anomalías podrían configurar un delito, entonces, definirá el futuro de la causa.
De esa misma forma se inició el caso Gamsur y hoy hay dos empresarios y un funcionario público que han sido imputados.
"Hemos denunciado los hechos que detallaron Castagnino y Morales y que podrían ser irregulares. La semana próxima me voy a constituir como querellante particular y vamos a aportar los documentos y las pruebas", detalló Bosio.
Además, según detallaron las denunciantes, más cooperativistas podrían sumarse a las denuncias que ayer presentaron Coria, Morales y Castagnino.
Las irregularidades (ver recuadro) que PUNTAL reveló hace 45 días generaron un cimbronazo en el gobierno municipal, que decidió sacar a Ergon del medio definitivamente.
Ahora, la Justicia definirá si hubo un delito.
Las irregularidades
Paola Castagnino y Mercedes Morales eran, en teoría, presidenta y secretaria de Informática Riocuartense Ltda. Todos los meses, firmaban entre dos y tres cheques en blanco. Nunca supieron con qué cifras se completaban ni qué destino tenían. Además, jamás vieron un balance.
Lorena Coria era tesorera de Mantenimiento y Construcción. Cuando sufrió un accidente laboral descubrió que Ergon había cambiado una ART de primera línea por otra inferior. Quedó con una discapacidad laboral del 30 por ciento pero la aseguradora le cubrió muy poco del costo de su operación.
También Coria relató que firmaba cheques en blanco y que incluso en la actualidad lo sigue haciendo para que sus compañeros cobren el sueldo.
Pese a ser cooperativistas, no conocen a sus supuestos compañeros. Y relataron que siempre se consideraron empleados de Ergon. Recibían descuentos hasta para comprar los insumos pero, después, tenían que comprarlos de su bolsillo. La fundación se queda con 600 de los $1.300 por persona que aporta el Municipio
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