Dirigentes aseguran que está viciada la voluntad popular, debido a la maniobra irregular con votantes santiagueños.
“Estas irregularidades que vengo denunciando se repiten en cada acto electoral en esta localidad desde hace más de diez años. Deben ingresar cerca de 1.500 ciudadanos a quienes prometen pensiones, bolsones y hasta dinero. Es gente muy humilde que traen en colectivos. Cómo puede ser que haya 9.400 habilitados para votar en un municipio que tiene poco
más de 13.000 habitantes”, dijo indignado el abogado Fernando Escobar, quien fue candidato a diputado, en segundo término, por el Movimiento Popular Unido (MPU).
“Todo el pueblo de El Quebrachal sabe lo que ocurre y que está viciada la voluntad popular, por eso repudian a los actuales gobernantes que son el intendente Leonardo “Nardo” García y el reelecto diputado Pedro Sández”, remarcó.
Escobar dijo que va a ampliar las denuncias que viene realizando para que se tomen las medidas legales correspondientes. “Es de público conocimiento que esos votantes no viven en nuestro pueblo. Con ese caudal de votos es difícil revertir una elección cuando manejan con esas maniobras ilícitas un 25% de electores, que son víctimas de las maniobras de dirigentes corruptos que pretenden perpetuarse en el poder”, concluyó.
Gran indignación
“Nuestro comité está a la vera de la ruta nacional 16, en el acceso sur de El Quebrachal, y el fin de semana hemos comprobado cómo pasaban los colectivos hacia el pueblo con gente de Santiago del Estero que llevaban para votar. Es lamentable e irregular que personas que no son de acá elijan a nuestros gobernantes”, dijo Bernardo Saravia, dirigente de la UCR. “Nuevamente hubo fraude electoral, como ocurre desde hace más de diez años. El Gobierno de turno utiliza todo tipo de maniobras fraudulentas para poder mantenerse en el poder comprando voluntades, trayendo gente de otros lugares y falsificando documentos”, señaló.
Saravia pidió la urgente intervención de la Justicia Electoral Federal.
Las maniobras
El domingo pasado, durante el acto eleccionario, un equipo de El Tribuno confirmó las irregularidades y que nuevamente trasladaron en colectivos a vecinos santiagueños de Ahí Veremos, Rumi Pozo, Algarrobal Viejo, Villa Estela y Toro Human, ubicados cerca del límite entre Santiago del Estero y Salta.
En la escuela Juan Pablo II, un “puntero” del diputado Pedro Sández, identificado como René “Cabezón “Javier Saravia, tomó del brazo izquierdo al periodista de este medio y le preguntó qué hacía allí. En tono amenazante, el hombre le dijo que no podía estar allí ni sacar fotos, para tratar de proteger las maniobras ya que había observado al trabajador de prensa dialogando con unos santiageños cuando hacían fila para votar. La vecina de Santiago del Estero María Escalada se encontraba el domingo al mediodía en el complejo municipal de El Quebrachal, donde se hallaban estacionados los colectivos utilizados en el “operativo” de trasladado. Allí estaban almorzando residentes de la vecina provincia.
“Soy de Santiago. Esta es la segunda vez que vengo a votar, vinimos en colectivo con otras personas”, dijo la mujer a El Tribuno.
Las medidas fueron ineficaces
La Justicia Electoral Federal ordenó tomar medidas para evitar el voto ilegítimo durante las elecciones legislativas pasadas. Por tal motivo dispuso la movilización de veedores con el apoyo de Gendarmería. En una resolución de la Junta Electoral Nacional del Distrito Salta se advierte que, a través de las denuncias que se suscitaron a lo largo de los procesos electorales de los últimos años relacionadas con la emisión de votos por parte de ciudadanos que no son residentes en la provincia de Salta, se adopten medidas “mínimas y extremas a fin de brindar mayores garantías de autenticidad, pureza y legalidad en el trascendente acto de emisión del sufragio por parte de la ciudadanía”. La resolución que se emitió el 23 de octubre pasado indica que se debe procurar que “al menos disminuya la posibilidad de presuntos hechos irregulares y contrarios a la ley. En caso de que efectivamente -continúa la resolución- se detectase la comisión de ilícitos de esta naturaleza, se denuncie ante las autoridades pertinentes, se identifique a los presuntos responsables (inclusive procurando obtener pruebas documentales, fotografías o fílmicas que posteriormente contribuyan a la acreditación del hecho y a su autoría) y se inicien las actuaciones investigativas de rigor a fin de que le sean aplicadas las sanciones que prevé el Código Electoral Nacional y otras leyes”.
La resolución lleva la firma de los integrantes del máximo órgano de la Justicia Electoral de la provincia, es decir, la Junta Electoral Nacional.
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