La presentación la hizo Escayola. La ley 7.005 prohíbe la propaganda institucional.
Ahora es el turno de la candidata a concejal por "Encuentro por la Ciudad", Angélica Escayola, quien ha presentado ante la Junta Electoral una denuncia contra el oficialismo municipal, es decir contra la UCR y el intendente Víctor Fayad, por violar la Ley 7.005 de Regulación y Financiamiento de Campañas Electorales, particularmente por la profusa campaña institucional de la comuna, cuyo objetivo tiene, según Escayola, "fines electorales".
El calor del fuego electoral sigue ardiendo en cada palabra y la aparición al ruedo de Escayola no es la excepción. "Con dinero de todos los contribuyentes se financia la propaganda del oficialismo local. Todas estas actividades, además de ser contrarias a cualquier principio de ética pública y transparencia, configuran una clara violación de la ley 7.005", asegura en el escrito presentado ante la Junta.
De acuerdo al texto de la Ley, la campaña electoral comienza 50 días antes del comicio, por lo que se ingresó en la contienda el 6 de febrero pasado.
Durante ese período, según el artículo 3 de la ley, "queda prohibida la difusión de cualquier tipo de propaganda institucional o difusión de obras realizadas, de los gobiernos nacional, provinciales, municipales, entidades descentralizadas de cualquier tipo, total o parcialmente estatales".
Escayola indica que actualmente hay una profusa cantidad de publicidad en vía pública en la que puede leerse "Volvió la ciudad que querías" y el logo de la Municipalidad. Asimismo, también se emite en los canales locales comerciales de la comuna. Ambas piezas comunicacionales constituyen publicidad institucional de la comuna que conduce Fayad, "todos los vecinos de la Ciudad pagamos la campaña del oficialismo, puesto que se financia con fondos públicos".
Escayola dice que es "evidente que Fayad se ha puesto la campaña al hombro. Es mas, ni recuerdo quién es el primer candidato a concejal de la UCR... Si bien el artículo 1° de la ley 7.005 habilita a hacer campaña a quienes apoyen a los candidatos a los efectos de la captación de sufragios, lo que le está prohibido al intendente es usar su lugar institucional para hacer proselitismo, cuando a la vez, suplanta a los candidatos, a su partido y realiza acciones y obras destinadas claramente al mismo".
La ex legisladora y abogada reconoce el hecho de que no es nuevo que un gobierno (nacional, provincial o municipal) salga a hacer comunicación con obras durante los 50 días de campaña electoral, "pero que se haya hecho siempre no significa que se deba seguir haciendo. Es de toda lógica que le pongan un freno, que le hagan cumplir la ley".

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