Estancia Grande es, sin lugar a dudas, una de las nuevas debilidades de Alberto Rodríguez Saá. Con apenas un puñado de habitantes, el lugar que el gobernador eligió para su residencia particular permanente ya tiene cancha de fútbol con grandes comodides, con un impresionante sistema de riego, donde holgadamente entran no menos de diez veces la totalidad de sus habitantes. El municipio recientemente creado tuvo el fin de semana que pasó una fecha del campeonato de polo. Tiene su propia radio municipal, entre otros avances que solventa el Estado.
Curiosamente, los propietarios "VIP" de la zona, amigos del poder, no han sido afectados por la medida.
Mario Escudero (h) denunció ayer que ellos tienen la orden de desalojar su campo el 16 de este mes, es decir en apenas 10 días, porque el Estado ha decidido declarar su propiedad de interés para el pueblo.
Aunque hay una escuela a pocos metros de su casa, una de las excusas para quedarse con esos terrenos es la construcción de un edificio escolar: "De no ser que haya una explosión demográfica impresionante, con la escuela que hay alcanza", señala en un tramo de la larga charla que mantuvo Escudero con los periodistas. Pero, en ese caso, "mi padre está dispuesto a donar cinco, ocho, hasta diez hectáreas si es necesario. "Es un paisano solidario", asegura.
Aunque en el relato que dio da pormenores interesantes de todos los padeceres que sufrieron hasta el día de la fecha, estos pueden sintetizarse en la oferta "irrisoria" que hizo hace algún tiempo Ricardo Videla -hoy delegado normalizador el novel municipio y hombre fuerte de la SAPEM Construcciones- que según sus palabras habría ofrecido "300 pesos por cada hectárea".
Hay que aclarar que del otro lado de la sierra, aproximadamente a la misma altura, con menor infraestructura que en Estancia Grande, el precio de la hectárea oscila entre los 15 mil y los 25 mil pesos. "Al menos debería tener un precio similar o en todo caso algo inferior, aunque nunca tanto", señaló un operador inmobiliario consultado anoche. No tenía los valores que costarían esos terrenos en la localidad del departamento Pringles.
Siguiendo con la situación de los Escudero, al no acceder a la oferta que les hicieron, recibieron una velada amenaza de que se iba a tener que atener "a lo que viniera con el proceso de expropiación".
Luego fueron denunciados por una persona oriunda de La Plata, por haber usurpado la propiedad, pero el fiscal interviniente desestimó la denuncia.
Ahora se enfrentan nuevamente a la incertidumbre, ya que no saben qué sucederá dentro de 10 días cuando deban desalojar su domicilio.
Todavía está fresca en la mente de la gente la situación que debió vivir el señor Amman de Potrero de los Funes, que un día se encontró que las topadoras habían entrado en su terreno con su familia dentro de su casa. Se quejó, pero debió abandonarla.
El dato por demás llamativo en el caso de Escudero es que su campo es vecino al de la familia Sirabo -que tuvo a su cargo la organización del evento de Polo y una de las propietarias es la suegra del ministro del Progreso- y el que le sigue es del propio gobernador de la Provincia. Ni a ellos ni a Videla -que también tendría muchas propiedades en el lugar- serán afectados por el proceso expropiatorio.
Ayer el tema fue puesto a consideración en la cámara de Diputados a pedido de legisladores opositores. Fue pasado a comisión.
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