Ellos les llaman "despidos encubiertos", porque en promedio llevaban 10 años trabajando en la Caja. Afirmaron que el interventor, Armando Cortalezzi, no les renovó el vínculo en represalia por reivindicar la Asociación Bancaria, por integrar el gremio o por ser familiares de dirigentes.

En representación de unos 15 cesanteados que dialogaron con LA GACETA hablaron María Angélica Núñez, Juan Manuel Bevacqua, María Belén Soraire y Patricio Orellana. Según precisaron, en todos los casos de cesantías aparece la relación con La Bancaria. "En Tesorería, sobre un total de 35 personas, hay dos hijos de dirigentes y dos miembros de la comisión gremial interna. En diciembre les dejaron de pagar horas extra sólo a estos cuatro", contaron. Y dijeron que entre los "despedidos" figura gente que llevaba 13 años de empleado y que nadie llevaba menos de dos años.

"No son contratos, sino resoluciones que se renuevan automáticamente. En el texto dice que se dé continuidad a la designación anterior. Todos tenemos un legajo intachable", afirmaron. Añadieron que el contratado cumple las mismas funciones y horario que un empleado de planta, y que cobran igual salario: "el estatuto de la Caja dice que a los tres meses ya debemos quedar efectivos".

"(Cortalezzi) tiene un grupo que anda filmando y sacando fotos a los que conversan con nosotros. Meten miedo. Algunos ya nos niegan el saludo, por miedo", dijeron.

Relacionaron esto con la patoteada que el 28 de marzo sufrió frente a la Casa de Gobierno un grupo de ex empleados que repartía copias de una publicación periodística contra Cortalezzi. "Tras la golpiza me dijeron que revisarían mi situación si levantaba la denuncia. Me negué y ahora me sigue el D2; tengo fotos de la camioneta y de las motos que me siguen", contó uno de los cesanteados, golpeado el Jueves Santo.

Finalmente, manifestaron que entre los que quedaron sin trabajo hay gente que se encontraba de licencia por enfermedad o por maternidad. "Una mujer había tenido su bebé y a los tres días le llegó la notificación; otro estaba bajo tratamiento psicológico, por los ataques de pánico que le causaron las persecuciones", dijeron.

Cortalezzi rechazó las acusaciones. "Los 'despidos' de los que hablan son vencimientos de designaciones, y la Caja no está obligada a reasignarlos. El término de las designaciones fue respetado a rajatabla; en ningún caso se forzó el plazo para que el contrato cese antes de tiempo. Y esto incluye las licencias; porque el tiempo del contrato se interrumpe cuando el empleado pide, por ejemplo, licencia por embarazo o maternidad", afirmó.

Y negó que las cesantías guarden relación con La Bancaria. "La baja se funda en el estudio que hace cada gerente del área pertinente: informan si la persona ya cumplió con el trabajo. No sé bien cuánto tiempo puede haber llevado cada uno en la Caja; lo que sí, como cualquier institución, se toma las personas con fecha de vencimiento, para tareas específicas", insistió. Añadió que en la Caja trabajan unas 1.300 personas; 300 de las cuales son contratadas.

Respecto de la persecución denunciada por los ex empleados, señaló: "no hay policías de civil. La Caja tiene un destacamento, como si fuera una comisaría; y hay policías en diferentes puntos para resguardar la seguridad: es una entidad financiera, hay dinero. Lo invito a que camine por la institución y a que converse con los empleados; constatará el ámbito de armonía y de paz en que se trabaja".