Inclusive, aseguró que un informe técnico elaborado por Policía Científica determinó “hay riesgo en la vida y seguridad de las personas” del lugar. También consideró que hay “desidia” de parte del municipio.

Tal como reveló 0223.com.ar en 2007, el 9 de noviembre del año 2000, el vecino Oscar Hernández formuló una denuncia "en representación de los adjudicatarios" del barrio IMDUR, ante las “deficiencias” que presentes en las 692 viviendas del complejo habitacional construido por el Instituto Provincial de la Vivienda.

En aquel momento, mencionaba que la “inexistencia legal de los edificios, inexistencia de planos y final de obras, deficiencias en la construcción, desconocimiento sobre la situación legal de los adjudicatarios, falta del equipamiento e incumplimiento por parte del Instituto de la Vivienda de normas preestablecidas".

En ese marco, frente a supuestas irregularidades en la construcción del mencionado barrio, el ex Agente Fiscal de la UFIJE N° 10 de Delitos Económicos, Dr. Pablo Cistoldi, resolvió imputar por el presunto delito de "Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público" a tres funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda.

Sin embargo, a la fecha, el tema quedó “cajoneado” y la situación de las 2500 personas que habitan en el complejo empeoró con el transcurso del tiempo. Así lo confirmó en declaraciones a 0223.com.ar la Dra. Liliana Castañeira, representante de los vecinos damnificados, quien manifestó este miércoles que “lo que se ha reclamado judicialmente es la recusación de los vicios constructivos que tienen todos los complejos habitacionales que ha construido la provincia de Buenos Aires a través del Instituto Provincial de la Vivienda”.

En el caso específico del IMDUR, indicó que ya se efectuaron “reclamos administrativos” e, incluso, “hay iniciada una causa penal en la que el Fiscal interviniente imputó a tres funcionarios del IPV por 'Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público'”. “Cuando tomé intervención en la causa, lo amplié porque hace muchos años que no se les toma la declaración indagatoria que corresponde, por lo que eso está archivado actualmente. Realmente se ha cajoneado bastante el tema”, advirtió.

En ese orden, la letrada remarcó que también se realizaron “diligencias varias en el Departamento de Obras Privadas de la municipalidad”, en las que intervino Policía Científica, “quien realizó varios informes técnicos que arrojan que hay riesgo en la vida y seguridad de las personas, es decir, que no es ligero el tema”.

Según detalló, “los ascensores que tiene este complejo están sin habilitar, inclusive hubo una causa penal porque una señora no vidente se cayó por el hueco del ascensor ya que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad”. También enumeró la existencia de “filtraciones horrosas, pérdidas de gas” y reparó en que “las paredes de muchísimos departamentos están electrificadas” mientras que “las cloacas de algunos departamentos están en los patios internos de las unidades funcionales y, cuando se rebalsan, la gente tiene los líquidos fecales dentro de los departamentos”.

En ese marco, destacó que “está acreditado que hay una mala calidad de los materiales que se utilizaron y una negligente ejecución en la obra, por eso hay problemas con los techos, con las filtraciones de agua y con las paredes, que no tienen la impermeabilización necesaria”. “Es realmente deplorable el estado en el que vive esta gente”, resumió.

Por ello, Castañeira señaló que su pedido es por “los vicios constructivos que le corresponde realizar al IPV a través de ellos mismos o de la unidad intermedia que trabajó en su momento”.

A su vez, contó que el IPV planteó su “incompetencia” ya que sostiene que “no le corresponde intervenir a la Justicia ordinaria sino al fuero en lo Contencioso Administrativo”. A su entender, se tratan de “cuestiones procesales que dejan de lado la seguridad de las personas que no pueden dejar de estar protegidas por la ley”. Más adelante, indicó que también “fue demandada” la Comuna, “no por la construcción en sí misma del complejo, sino por el poder de policía que la Provincia le ha delegado expresamente de controlar las obras que se hacen dentro del partido de General Pueyrredon”.

Para la abogada, la municipalidad se encuentra en “estado de desidia” porque ni siquiera “los planos no se encuentran aprobados y no hay recepción final de obra por lo cual no está aprobada”.

“La municipalidad tiene la obligación de, ante estas cosas -de las que ha tomado conocimiento- realizar todas las diligencias que específicamente tiene en su poder en caso de que una obra no tenga las medidas de seguridad necesarias para los habitantes: ordenar al Instituto que repare, multar al IPV, apuntalar o pedir a la gente que desaloje las viviendas, es decir, dar una solución concreta”, argumentó. E insistió en que el municipio “tuvo todas las medidas a su alcance y hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada”.

En otro orden, Castañeira aseguró haber pedido infructuosamente a “altos funcionarios” provinciales que “se acercaran a pasear por el barrio para que ven cómo está viviendo esa gente”.

Y aseveró: “La Provincia hace propaganda entregando viviendas que al año están en pésimo estado”.

“ES UNA BOMBA DE TIEMPO”

Por su parte, Oscar Hernández, propietario de un departamento del barrio INDUR, recordó que “el complejo, originalmente, estaba proyectado entre las calles Alberti, Tres Arroyos, Alvarado y Nasser”.

“Constituían 692 viviendas en 12 torres. También tiene responsabilidad la municipalidad de General Pueyrredon por incumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza 6529, es decir, por no haber ejercido el Rol de Contralor (controlar la obra) y por eso terminó como terminó, siendo que el Municipio (IMDUR) fue el Autor del Proyecto Arquitectónico del Complejo. Por estas irregularidades, el predio sólo se limita por las calles Garay, Tres Arroyos, Nasser y Alvarado”, contó.

En tanto, remarcó que “el predio que ocupa Tránsito (corralón municipal), debería haberse Construido el Equipamiento Social y Educacional (Colegios, Unidad Sanitaria, Plaza y Destacamento y/o Comisaría)”.

Por otro lado, dijo que “los Planos fueron ejecutados nuevamente por el Instituto Conforme a Obra, habiendo diferencias en las viviendas” y subrayó: “No tenemos Planos de PH que, de esto, surgirá el importe que abonemos por impuestos”.

En otro párrafo, indicó que “sólo 'invirtieron' dinero en arreglar los ascensores. Enviaron un Plomero que cambió algunos caños pero persisten las perdidas de agua”. “Eso sí, pintaron el edificio y las manchas de humedad no se ven”, añadió.

Además, Hernández afirmó que es víctima de “discriminación” y “persecución” por parte del IPV. “Algún día el Instituto entenderá que yo solo no hice la denuncia, sólo reuní a la gente y ellos decidieron realizar la denuncia”, agregó.

Finalmente, el vecino consideró “sugestivo” el hecho de que “la Fiscalía en 2007 imputó a tres funcionarios y nunca fueron procesados”, pese a que “un informe de la Policía Científica señala que el complejo es una bomba de tiempo”.