La convocatoria de pan, tierra y justicia que este viernes reunió a cerca de un millar de personas por calles de la ciudad unió en un solo reclamo a docentes, empleados públicos, religiosos, abogados, integrantes de ONGS, gremios y partidos políticos. Ese escenario tendrá esta mañana su siguiente etapa cuando representantes de esas organizaciones entreguen un duro documento ante las principales autoridades jurisdiccionales de Formosa.

Para estos sectores, en Formosa no existe “una justicia al servicio del justiciable”, tampoco una independiente que “despierte la confianza en la comunidad, ni una que dé reales garantías a la gente que sus derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados que nuestros representantes han comprometido ante la comunidad internacional, se hagan realidad para todos y todas en un plano de total igualdad, una justicia incontaminada”.

En este sentido reafirmaron la presencia de un escenario de desigualdad. “Los permanentes reclamos de mejoras salariales de empleados públicos, docentes, trabajadores de la salud, jubilados; de juicios justos y castigos justos para los que asesinaron a nuestros hijos del derecho a una vivienda digna; de respeto a los dueños originarios de la tierra, de seguridad para todos en las calles, y no persecución a los trabajadores; de acceso a condiciones de salud en situación de igualdad, provisión a todos los centros de salud de insumos, sin distinción de tipos o calidad de hospitales, acceso igualitario para todos en los centros complejos”, ejemplificaron.

AFRENTA Y OFENSA

Ante ésta sensación de desequilibrio en el reparto de derechos en la sociedad, apreciaron que surge ésta situación de los "pidiendo plata al poder político para la construcción de un millonario quincho, sacado de fondos públicos y en actitudes de ilegalidad”, constituyéndose en una “afrenta y ofensa a quienes deambulamos pidiendo un techo digno para nuestros hijos y mejoras salariales”.

“Y es ahí donde ya tenemos la certeza que nuestros reclamos no serán escuchados ni nuestros derechos serán respondidos por una justicia condicionada por un poder que sin pudor les regala - a su pedido - una suma millonaria para sus reuniones sociales, por un poder que es nuestra contraparte en los reclamos, pues dada la proporción de habitantes que dependen del empleo público en la provincia de Formosa, el Estado bajo la administración del Poder Ejecutivo resulta ser una de las partes en numerosas demandas”, añadieron.

Asimismo, el documento recordó que Formosa, “es una de las provincias más pobres de la república, con el índice más alto de pobreza y desnutrición infantil, con una población de aborígenes en la extrema pobreza y sin acceso a los servicios mínimos, con un gran porcentaje de precariedad laboral en el empleo público, que los jueces deben resolver cuando son sometidos a su consideración y justicia. El argumento sostenido en esos casos es que "no existen fondos"; porque, desde hace 20 años estamos con leyes de emergencia pública y contención de gastos, por lo que los acreedores del Estado no perciben sus créditos, o lo hacen luego de mucho tiempo y en cuotas mínimas. En ese contexto, el "pedido" y "acceso' a la construcción de un quincho millonario ofende y lacera el sentimiento de este pueblo sufrido. Por ello, sin temor a equivocarnos lo catalogamos como una de las mayores inmoralidades o el gran pecado del escándalo”, advirtieron.

Enseguida, enfatizaron que todo esto “ha acentuado la falta de credibilidad pública de la justicia, la que todo juez de la república debe revertir, no con incisos sino con actitudes públicas que demuestren el ser y el parecer. Consideramos que el juez debe convivir en la sociedad en que se desempeña conforme la realidad. No puede quedar al margen de ella, no debe vivir en una cajita de cristal en medio de tantas necesidades e injusticias. Por eso, afirmamos que pedir que nuestro dinero sea destinado a un quincho millonario ante tantas miserias no se condice con la actitud que todo ciudadano espera de un juez; y esto potencia el descreimiento en la institución generando rechazo a éste "reparto injusto de riquezas", que el propio juez debería moderar en su función para imponer la solidaridad social y política, pues nuestra Constitución Provincial lo establece como mandato a ser observado, primero, por los poderes constituidos”, reafirmaron.

LABOR DEL JUEZ

“Las graves y altas conflictividades sociales (movilidad jubilatoria, privatizaciones, medidas excepcionales dictadas, emergencia económica, rebalanceo de tarifas, "corralitos", crisis, etc.) llevan a resignificar la labor del juez en pos del equilibrio social, en favor de los más desprotegidos, ante un Estado cada vez más fuerte; para ello, se requiere una clara independencia de criterio que debe traducirse en independencia funcional y personal, no pudiendo separarse la persona de la institución”, sostuvo el texto que será entregado hoy en el Poder Judicial.

Y advierte: “las actitudes de los jueces asociados al Colegio de Magistrados de Formosa reafirman la fuerte presunción de dependencia o cada vez más débil independencia, pues es sabido que los jueces no deben recibir beneficios de una de las partes en juicio y resulta débil el argumento de que no significa un regalo cuando uno de los más fuertes litigantes – El Estado o mejor el Poder Ejecutivo – con nuestra plata, el dinero público concede mas de un millón de pesos a la organización que nuclea a los jueces; mas aún cuando pretenden convencernos que no debería considerarse como beneficiario al juez, pues se le otorga a la entidad. Esto ofende nuestra inteligencia, pues el beneficio no es para un objeto inanimado, paredes, edificio, es para los asociados, los jueces; pues precisamente se lo otorgaron por esa condición a la asociación de jueces llamada Colegio de Magistrados, y serán ellos los jueces quienes disfrutarán de un lugar para reuniones gremiales, sociales y familiares, no el ciudadano, el justiciable”, defiende.

“Ante esto, los jueces - cuestionados en la sociedad toda por las decisiones en las causas - no pueden desconocer el legítimo derecho de los justiciables de recusarlos, recurriendo a un derecho que la ley le concede ante el temor cierto de parcialidad”, insiste.

DELICADO PEDIDO

En su tramo final, el documento rescata un delicado pedido a los responsables de impartir justicia: “garanticen en realidad los derechos humanos fundamentales para toda la ciudadanía; ante tanta miseria de nuestros hermanos aborígenes, nuestros niños, nuestros pobres, nuestros maestros, nuestros empleados públicos, nuestros trabajadores de la salud, etc., que por una supuesta contención de gastos deben sufrir salarios de miseria, que no alcanzan a cubrir el sustento hasta fin de mes -los que lo tienen-, y deben escuchar a funcionarios que sin escrúpulos les dicen: no al aumento, no a las tierras, no al empleo pleno, etc; porque, los dineros públicos deben destinarse a la construcción de quinchos millonarios para que los que más ganan se capaciten y se reúnan en un lugar digno".