“Modificaciones introducidas a las normas que regían su funcionamiento, basadas en la teoría de establecer un sistema simplificado de los procesos de contratación para la construcción de obras públicas, han posibilitado que en la actualidad las reparticiones o los entes estatales sean quienes determinan la aptitud de los oferentes, agregando en sus pliegos de llamado a licitación, por sobre lo que establece el Registro que es el órgano natural para calificar a las empresas”, dijeron varios contratistas.

El Registro es una dependencia provincial creado como organismo técnico para registrar, calificar y dar capacidad de contratación a las empresas constructoras para efectuar obras públicas.

“Con este proceder se pierden los parámetros de transparencia e instala la duda sobre la habilitación a determinadas firmas que podrían estar favorecidas con prioridades por conductas de cercanía al poder, o afinidades con el Registro Contratista”, expresaron, tras lo cual explicaron que estas conductas se traducirían en “beneficios en los actos licitatorios”.

“Esto a diferencia de otras que inevitablemente deben recorrer los intrincados laberintos de la burocracia estatal para obtener sus habilitaciones, al punto de tener que recurrir en algunos casos a interponer recursos de Pronto Despacho contemplados en la legislación vigente, para lograr que el organismo se expida”, afirmaron.

Estas empresas esperan que las reparticiones del Estado que regulan la actividad posibiliten la participación de todos, tal cuál lo enuncian en su Considerando del Decreto 809/96, que es el que reglamenta el funcionamiento del Registro.