La letrada del foro local, Leticia Mabel Bravo denunció criminalmente al abogado  Rodrigo Posse, actual concejal del PRO y candidato a diputado nacional, acusándolo de integrar  –junto a otras personas– una asociación ilícita que se dedicaba a cometer maniobras fraudulentas, tendientes a despojar de sus propiedades a familias originarias y pobladores de humildes condiciones económicas de nuestra provincia.Dicha denuncia se tramita ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación, a cargo del doctor Ramón Tarchini Saavedra.

Más de 130 mil hectáreasEn su gravísima acusación, la profesional sostiene que la organización delictiva que integraría Posse pretendió “hacerse quedar campos de nuestra provincia, por una extensión superior a las 130 mil hectáreas, pertenecientes a personas que represento legalmente”.

Fraguaban documentaciónLa abogada acusa a dicha organización de dedicarse “a fraguar documental que querían hacer pasar como verdadera y, como si ello fuese poco, también fraguaban denuncias a los fines de perjudicar a profesionales que defendían los derechos de los campesinos, llegando incluso a utilizar a lugareños que no saben leer ni escribir para realizar denuncias satélites”.

La letrada asegura poder probar que la organización ilícita que integraría Rodrigo Posse también utilizó en su buena fe a jóvenes abogados, a quienes hacían firmar escritos patrocinándolos, tratando de perjudicar a personas en una actividad claramente mafiosa, ya que no tienen límites jurídicos ni morales”, subrayó.

En alusión a una de las denuncias, la abogada indica: “Este mamarracho jurídico, que ni un alumno de la Facultad de Derecho sería capaz de hacer, en donde existe un desconocimiento total del Derecho por parte de los denunciantes, demuestra el claro obrar doloso de estas personas, a los fines de perjudicar sin límites a personas que se animaron a denunciarlos”.

El actuar de Rodrigo PosseLa letrada puso de relieve que “con el actuar del doctor Rodrigo Posse desde las penumbras, en los escritos, en los que se hacía firmar y patrocinar denuncias a tales jóvenes abogados, se pretendía involucrar a diferentes abogados y personas del medio local, como también a pobladores y ciudadanos que desconozco totalmente”. 

“Sin embargo, esas personas que utilizaron luego dijeron la verdad, dejando al descubierto esta verdadera mafia que busca ensuciar el buen nombre y prestigio de funcionarios de carácter intachable”, indica.

También sostiene que dicha organización se convirtió en “una  fábrica de hacer denuncias, utilizando a personas bajo presión de perder la vida y otras amenazas, tal como consta en las denuncias que realizaron ante la Justicia. De todo ello surge toda la ingeniería de esta nefasta organización para tratar de salvar títulos viciados y, supuestamente, obtenidos en la época de la dictadura militar, cuestión ésta que solicité que se investigue, porque existirían graves perjuicios para el Estado Nacional y también el provincial”.

La denunciante deja constancia de todas y cada una de las demandas en su escrito presentado ante la Justicia y observa que “la totalidad se dio en un plazo de unos pocos meses, sin fundamento jurídico ni fáctico (...) más aún, están siendo archivadas”.

Asimismo, enfatiza que por las pruebas que se adjuntan y los argumentos fáctico jurídicos expuestos, surge en el obrar de los denunciados el delito de asociación ilícita porque “orquestaron toda una parafernea de denuncias en contra de todos los denunciados”, todas con el objetivo de desposeerlos de su propiedad. 

Y argumenta aún más: “El armado de denuncias satélites (algunas de abogados burlados en su buena fe)” dan muestra cabal del “mafioso” accionar denunciado. Además, la letrada advierte que “esta organización viene trabajando con este modus operandi hace años y pergeñando causas penales en contra de los abogados y campesinos de nuestro Santiago”.

La urgente obligación de investigar hasta las últimas consecuencias

Que una abogada del foro local radique una denuncia en contra de un representante de los vecinos de ciudad Capital y, ahora, candidato a diputado nacional no es un tema menor.

Menos, si tenemos en consideración que lo acusa de integrar una asociación ilícita de tintes “mafiosos” que, mediante maniobras fraudulentas, pretendía despojar de sus tierras a familias de pueblos originarios, sobre todo en el interior de la provincia.

La acusación que pesa sobre Rodrigo Posse y que es investigada en un Juzgado del Crimen de la ciudad Capital, se agrava por su condición de concejal electo por los vecinos de ciudad Capital y candidato a diputado nacional.

El delito de asociación ilícita está penado con hasta diez años de prisión, según lo tipificado en el artículo 210 del Código Penal.