Los vecinos del barrio La Gloria de la Peregrina denunciaron que en un campo lindero a sus viviendas se estaba fumigando la plantación de frutillas. Siguieron los pasos que estaban establecidos en la reglamentación de la ordenanza 18.740, que establece restricciones en el uso de agrotóxicos por su efecto nocivo sobre la salud y el medio ambiente. Hicieron la denuncia, acudieron la Policía Ecológica y Gestión Ambiental y la respuesta ante la demanda de información se demoró, pero llegó y mereció el repudio de los vecinos: el dueño del campo -les dijeron- tendrá 365 desde la intimación para regularizar la situación.

La Asamblea Paren de Fumigarnos hizo pública la denuncia a través de un comunicado titulado “No te comas a Tamara, la frutilla fumigada”.

En el escrito relataron que el jueves 1º de septiembre un grupo de vecinos de La Gloria de la Peregrina percibieron en sus casas “una atmósfera llena de veneno”. “Estaban en presencia de una de las tantas fumigaciones terrestres que infringe la ordenanza municipal 18.740 reglamentada hace un mes y medio atrás”, apuntaron.

“La compañía industrial Frutihortícola S.A. (frutillas Tamara), 'El Frutillar', es una reconocida productora del agotamiento del suelo por medio del cultivo intensivo de frutillas y la utilización de agrotóxicos”, denunciaron desde la asamblea ambiental. “Desde hace varios años se dedica entre otras cosas no dignas a envenenar a los vecinos del barrio. Principalmente prioriza envenenarlos con bromuro de metilo, categorizado como uno de los doce agrotóxicos más nocivos del mundo actual”, detallaron.

Al conocer el reciente decreto reglamentario de la ordenanza que prohíbe las fumigaciones agrícolas con agrotóxicos en un radio de mil metros de las viviendas, los vecinos decidieron seguir los pasos que tanto Gestión Ambiental, como el área de Salud municipal, les habían previamente indicado.

Constataron el hecho y de inmediato llamaron a la Policía Ecológica y a Gestión Ambiental. Ambas reparticiones enviaron a representantes que llegaron al lugar una hora y media después de realizada la denuncia. Inspeccionaron el predio y se retiraron. Antes de subir al móvil del Enosur, los habitantes del lugar les preguntaron qué sustancia tóxica había aplicado el productor de Tamara. La respuesta, indicaron, fue que no podrían dar información al respecto.

Durante los siguientes veinte días, los vecinos visitaron y llamaron a las dependencias de la Policía Ecológica y Gestión Ambiental para conocer el estado de la causa. “Pero nunca estaba presente la persona que podía dar información”, indicaron.

Sin embargo, el miércoles último desde Gestión Ambiental les comunicaron que el dueño de El Frutillar “tiene un plazo de 365 días -desde la intimación de la Unidad de Gestión el 1º septiembre de 2011- para cumplir con la ordenanza y dejar de envenenar a los vecinos del barrio”.

“En los 330 días que quedan, ¿cuánto veneno arrojará en el barrio?”, interrogaron.

En este sentido, desde Paren de Fumigarnos plantearon: “Esto evidencia uno de los vacíos que dejó el decreto reglamentario de la ordenanza 18.740, realizado por el Municipio en agosto. El fin único era aplacar el reclamo cada vez más creciente y contundente de la población y complacer a la Justicia”.

“El decreto reglamentario en cuestión -sumaron- va en contra del espíritu de la misma y se contrapone con el fallo judicial que estableció la aplicación inmediata de la ordenanza”.

“Una vez más, los dirigentes políticos de nuestra ciudad y algunos empresarios se siguen riendo de nosotros, los vecinos, perjudicando nuestra salud y la del medio ambiente”, cerraron.