Héctor Gómez (27) y su esposa (18) se fueron en marzo de Montecarlo, Misiones, con la ilusión poder tener una mejor calidad de vida. Llegaron a Mar del Plata contratados por el propietario del comercio de "El Armenio", ubicado en calle Ricardo Rojas 941, para hacer repartos de leña, carbón, frutas y verduras. Pero nada fue como lo prometía el empleador: el trabajo consistía picar leña durante jornadas de 14 horas a cambio de una remuneración de 40 pesos diarios, y la vivienda que se les había asignado no era más que una casilla rodante instalada en el barrio 2 de Abril. Desde allí salía Héctor todas las mañana y caminaba más de 6 kilómetros para ahorrarse el boleto del colectivo. Héctor va a ser papá en pocas semanas.

Pero de un momento a otro la relación laboral se cortó, y de la peor manera. Fue cuando el patrón se negó a darle el aumento que le había reclamado. Después lo echó del negocio y le sacó todo: amarró a un camión la casilla en la que vivía junto a su mujer embarazada de 7 meses y se llevó también lo que había en el interior; desde la ropita que habían juntado para el bebé hasta sus documentos. Los dejó con lo puesto, en la calle.

El caso llegó a manos de los abogados de la Casa del Trabajador (CTA), que enseguida presentaron una denuncia penal por esclavitud y trata de personas. También pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La pareja de misioneros, en tanto, fue asistida por la Secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad y permanece alojada en la Casa del Deportista, en Punta Mogotes.

El abogado que lleva adelante la causa, Julio Hikkilo, aseguró estar frente a un caso de "abuso extremo, pocas veces visto". "Esta gente vivía en condiciones infrahumanas, en una casilla que no tenía baño y con un salario de miseria", especificó en declaraciones a 0223.

Según dijo, este lunes, en el marco de una audiencia convocada por la cartera laboral, el comerciante denunciado se rehusó a reconocer a Héctor y a devolverle sus cosas. No obstante, aclaró que continuarán con el reclamo a través de la vía judicial porque "hay muchos elementos que prueban que fueron traídos a la ciudad engañados, con claros fines de explotación".

"Nuestra intención final es regresarlos a su ciudad de origen, con su familia, pero antes el empleador debe pagarles los que les corresponde y devolverles sus cosas”, afirmó.