Así lo dio a conocer un grupo numeroso de trabajadores, tanto municipales nucleados en ATE como algunos referentes de ADOSAC. En tal sentido, realizaron ayer una movilización y ocupación pacífica del Municipio en busca de respuestas, pero aseguran no haber encontrado soluciones. Alejandra Montiel dijo a La Opinión Austral que “María Teira es la delegada normalizadora y presa permanente de persecuciones por parte del intendente”. Pidieron a las autoridades “el cese de las persecuciones y de la limitación a la libertad sindical”. Según denuncian, desde que Teira tiene dicha representación gremial le descuentan “siempre que hay un paro, además siempre la están cambiando de lugar de trabajo”. La trabajadora es profesora de Educación Física y desarrolla sus labores en el Gimnasio Municipal, y recientemente le descontaron $ 5.965, pero ante un reclamo legal por parte de Teira, el Municipio se vio en la obligación de reintegrarle ese dinero. Ante este preocupante marco de situación, los trabajadores organizados fueron al edificio comunal e intentaron tomar contacto con el intendente José Bodlovic, aunque una vez allí les dijeron que no se encontraba en la localidad. “Nos atendió el secretario de Trabajo, aduciendo desconocer por completo este tema, por lo que se comprometió para el martes que viene a tener una respuesta, en base a ello veremos las acciones a seguir”, dijo Montiel.

Pero este no es el único caso por el cual cuestionaron fuertemente al jefe comunal. Aseguraron además que “ante el incumplimiento del intendente municipal de Piedra Buena, una empleada municipal se queda sin vivienda”.

Las organizaciones gremiales dieron cuenta también de una situación por la cual una empleada del Municipio fue adjudicada por el programa de crédito argentino Pro. Cre. Ar., “sin embargo no podrá acceder al beneficio de la vivienda única familiar por no encontrarse realizado el pago de los préstamos que le fueron otorgados a través de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales”.

“La mujer perderá la posibilidad de acceder al programa porque aunque en sus recibos de haberes constan los descuentos realizados por el Municipio correspondientes a las cuotas pactadas con el código 946, las autoridades municipales no depositaron el dinero a la entidad bancaria correspondiente. Esta situación perjudicó gravemente a la trabajadora, porque ante la deuda registrada ha sido incluida en el VERAZ, organismo que refleja el grado de cumplimiento de las deudas de una persona o empresa y facilita el acceso a créditos”, dijeron.

Mayor deudor

Montiel aclaró, además, que “fuentes de la propia Mutual de la Caja de Servicios Sociales aseguran que el Municipio de Piedra Buena es el que más le debe. La cifra de la deuda sería de 2.450.000,00 pesos hasta el mes de abril y hoy ascendería a los 5.000.000,00 de pesos, monto que corresponde a sumas retenidas en los haberes de los empleados municipales, pero que no han sido ingresadas como pagos a la mutual”.

Ante estas situaciones, adujeron que los empleados municipales intimaron al intendente Bodlovic para que regularice y deposite los descuentos de haberes efectuados por el municipio en concepto de préstamos y/o créditos otorgados por la Mutual.

“Recordemos que en el mes de abril los legisladores, entre ellos el diputado de Piedra Buena Federico Bodlovic, dio vía libre a un endeudamiento provincial por un monto de 100 millones de pesos, que se “repartió” en un 30% para el Estado provincial y el 70% quedó en manos de los municipios, quienes asumieron el compromiso que los montos serían afectados al pago de las deudas que las municipalidades mantenían con la Caja, mutuales, financieras, bancos y sindicatos”, dijo Montiel.

Finalmente sostuvo que “el tiempo demostró que se trató sólo de una maniobra más de algunos intendentes para hacerse de fondos frescos a instancias de otra deuda contraída por la provincia, ya que ante la realidad todo parecería indicar que el intendente de Cmte. Luis Piedra Buena no orientó el uso de ese dinero a dar solución a los problemas generados por la mala administración comunal”. Aseveró que “una vez más son los trabajadores quienes resultan perjudicados por estas políticas oficialistas, donde las autoridades municipales evaden los aportes jubilatorios, de la CSS y las retenciones de las mutuales, encuadrándose con estas acciones en presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, siendo el Estado provincial cómplice de estas violaciones donde los derechos de los trabajadores son avasallados diariamente”.