La sede de Brown y España quedó totalmente sucia, sacaron todos los expedientes y rompieron mobiliario.
Finalmente, el martes a la noche decidieron dejar la protesta y volver a sus hogares, en el norte provincial.
El escenario
A las 20 del martes recibió un llamado la ordenanza Rodríguez donde le alertaba sobre el desalojo voluntario de la gente de Romero.
A los pocos minutos llegó y se encontró con el peor escenario al cual calificó de “tragedia”. Los aborígenes habían utilizado las oficinas como habitaciones para dormir, comer y hacer sus necesidades; no utilizaron los baños. Destruyeron la mayoría de los expedientes con los que estaba trabajando la institución. Destrozaron los escritorios, las sillas y las computadoras quedaron inutilizadas. Además violentaron las cerraduras de las puertas de las oficinas de la contaduría y del abogado.
Los pedidos de los manifestantes
Días atrás, Antonio Romero dialogó con El Tribuno y dijo que están allí porque “quieren defender los derechos de todas las comunidades aborígenes”. Pedía que Arello les pague la pasantías, les dé los pasajes de colectivo que necesitan y les otorgue la vivienda digna a todos los aborígenes. “No estamos pagados por nadie. Venimos porque no nos dan lo que necesitamos”, sostuvo reiteradamente el cacique.
Sin embargo, los empleados del IPPIS dijeron que los usurpadores se fueron en un camión propiedad de Calermo. El vocal Miguel Siares fue consultado sobre la supuesta vinculación de la gente de Romero con Calermo.
Siares aseguró de no responden a Calermo y que la resistencia se debe a que Arello quitó los recursos para determinados pueblos y los beneficios para algunas comunidades.
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