"La presentación en fiscalía de este pedido de denuncia penal es a donde no queríamos llegar. Empezamos a denunciar hace dos años, siempre de manera pública, la falta de control en los centros privados de diálisis y los centros públicos de diálisis a nivel provincial. Hemos intimado al colegio de médicos, al Dr. José María Albrecht, al ministro de salud Dr. Mario Drisun y al director de auditorías médicas de la provincia, Dr. Jorge Prieto. No hemos tenido ningún tipo de respuesta, salvo de parte del Dr. Jorge Prieto que se desliga de la situación y responsabiliza al colegio de médicos". Explicó Palamedi.

"Consideramos que en el momento de abrir los centros de diálisis cumplen con todas las normas de seguridad y salubridad establecidas en la ley nacional de diálisis. Pero hoy se están violando muchos artículos de esa ley. Hay una cuestión de recorte presupuestario y por lo tanto perdemos los pacientes. No solamente pierden la calidad del servicio. Al perder calidad de servicio, baja la calidad de tratamiento".

Además, aclaró que las falencias se deben a recortes económicos que influyen directamente en la calidad de los insumos y el tratamiento: "Se reducen gastos en los insumos. Se compran insumos de mala calidad. Hay pacientes que tienen obras sociales prepagas importantes y pagan incrementos en los costos, y después cuando llega, el momento del tratamiento se encuentra todos los meses que de un incremento que paga, el insumo es mucho más barato. Por ejemplo, las agujas, son agujas sin filo que al no estar bien calibradas, el flujo que es fundamental para la bomba de diálisis no es bueno. Eso genera que baje la potencia de la bomba y la calidad de diálisis no sea lo mismo".

Además, otro punto importante es el espacio físico que por ley debe tener cada paciente: "La ley nacional de diálisis exige entre paciente, sillón y máquina 8 metros cuadrados. Acá hay 2 metros cuadrado como mucho. Casi un 200% reducido los espacios. El riesgo es el paciente por los fluidos, por los flujos de sangre. El producto con el que se limpian los filtros de diálisis (porque la ley nacional permite reutilizar filtros cuando a nivel mundial no está autorizado) a veces se salpica a los pacientes".

Por otro lado también hay que tener en cuenta el tema del transporte: "Todas las normativas exigen que los pacientes se trasladen en unidades acorde a la situación del paciente, con las normas de seguridad y salubridad que corresponde, con ambulancias o empresas privadas contratadas por las obras sociales. Pero el 90% de los traslados se hacen en remises de a tres pacientes, remises truchos u oficiales. Se contratan empresas de remises para no pagar las ambulancias".

"Esta política con la que hoy se están moviendo las clínicas no sabemos si llamarlo descontrol desidia o encubrimiento. Lo hemos charlado en su momento con el Dr. Jorge Prieto, y el reconoció que esto sucedía realmente pero que necesitaba tiempo para poder acomodar las cosas. Hace un año y medio atrás, y no hizo absolutamente nada, y más si tenemos en cuenta los diez años que lleva como director provincial de carrera, en auditorías médicas de la provincia. Además de que es la su responsabilidad e informa que no tiene estructura para hacerse cargo del control, lo deriva al colegio de médicos, que hasta el momento no respondió".

Por último Palamedi destacó que el pedido de denuncia penal presentado por Detsa, contiene dos delitos: "Por eso hemos decidido en este momento presentar este pedido de denuncia penal, donde no solamente consideramos que se están cometiendo dos delitos: mal desempeño de funciones públicas en forma directa a estos tres organismos , y el delito de abandono de persona. Las clínicas de diálisis, los médicos que trabajan en los centros de diálisis, los centros de transporte que se dedican a trasladar a los pacientes y por supuesto todos los organismos nacionales, provinciales y municipales que estén trabajando con las habilitaciones de todas estas empresas que forman parte del entorno o de los actores principales de esta temática".