A horas de conocerse la denuncia contra el exfuncionario municipal Juan Pablo Ostanelli, y la vinculación que los acusadores sostienen entre él y el intendente Ramón Mestre, el jefe comunal capitalino sumó una nueva demanda. En esta ocasión se trata de una presentación que realizó en el fuero penal el empresario Marcelo Zambrana y que alcanza no solo al titular del Palacio 6 de Julio sino también a Dante Buffa y Mariano Ibarra, Director de Obras Privadas y Uso del suelo y Director de Inspección General del municipio, respectivamente, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

De acuerdo a la denuncia “el 80% de la cartelería en la vía pública no cumple o viola la Ordenanza Municipal N° 10.378” ya sea “por su instalación, afectación al espacio aéreo, a la estética, las condiciones de estructura y/o la obligación de exhibir matrículas”.

En contacto con LA MAÑANA, Zambrana, quien fue damnificado por la explosión que se produjo en Alta Córdoba en noviembre del pasado año –su domicilio está fijado en Rodríguez Peña 3058-, afirmó que “la Municipalidad llegó a un acuerdo con cuatro o cinco empresas que se dedican a la cartelería a cambio de publicidad oficial”. “Entonces, a ellos no los controlan, al resto sí y encima con ellos se hace un canje publicitario” agregó.

Según el empresario, y de acuerdo a la normativa vigente, por cualquier cartel que se encuentra en la vía pública fuera de todo marco regulatorio debe ser intimado el responsable y a los 10 días multado en caso de que se mantenga. Sin embargo, Zambrana sostiene que cuando presentan los reclamos en el municipio apuntando a los infractores, les dicen que “ya está la multa, pero sin comprobante alguno de que esto sea así”. “Dicen que pagan, pero no muestran nada”.

“Nosotros hicimos el relevamiento en cuatro horas y resulta que los funcionarios no lo pueden hacer. Entonces, ¿para qué pagamos los impuestos si no van a cumplir con su trabajo?” comenta Zambrana.

A tono con la acusación, el gobierno municipal llegó a un acuerdo económico con ocho empresarios que conformaron una cámara: CAPEC (Cámara de Publicidad Exterior de Córdoba). Entidad que, a principios de agosto, le “obsequió” una camioneta Fiat Fiorino (OQR318) –aún está a nombre de la Cámara- al municipio y que fue recibida por el subdirector de Control de Cartelería y Publicidad, Fernando Bocco. Según lo que los publicistas dieron a conocer, con la entrega del vehículo 0Km se buscaba “colaborar en el cuidado y control de los elementos no legalizados en la ciudad y de cartelería que puede ocasionar peligro a terceros”.

“Lo que se busca –dice Zambrana- es que la ley sea pareja para todos. Hay carteles de estas empresas que no pueden ser autorizados por el riesgo que significan; que no deberían haber superado habilitación alguna; que están en lugares que por ordenanza no deberían... y no les hacen ninguna notificación. Sin embargo, a una empresa como la nuestra que se tuvo que hacer de nuevo después de la habilitación, nos pusieron una multa de 10 mil pesos y a la persona que me alquilaba el galpón, que hoy está destrozado (estaba al lado de Química Raponi), le siguen cobrando los impuestos”.