El diputado Julio Cabur denunció penalmente al titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Arturo Aguirre por la compra de medicamentos oncológicos a una droguería de Santiago del Estero, aún cuando pesaba sobre ésta una suspensión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica para comercializar fuera de esa provincia.

El legislador peronista hizo la denuncia ayer a la mañana en la Fiscalía General, y estuvo representado por el abogado Víctor Pinto.

Cabur señala que realiza la denuncia “por la presunta comisión de maniobras y actos ilícitos”.

En el escrito, Cabur a prima facie pide que se le impute al titular de la OSEP y a los funcionarios responsables, “violación a los deberes de funcionario público”, previsto en el artículo 248 del Código Penal dado que “la OSEP, no obstante la inhabilitación de la Droguería Libra, siguió operando con ella como si nada hubiera pasado”.

Asimismo, advierte que además del supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público que le podrían caber al titular de la OSEP como máximo responsable del organismo, podrían caber otras figuras delictivas “como fraude en perjuicio de la Administración Pública”.

En ese marco, pide que la Justicia investigue el hecho y “las personas involucradas que resulten responsables de dichas conductas como autores, cómplices o instigadores”. Y deja abierta la posibilidad de ampliar su denuncia posteriormente.

En la descripción de los hechos, el diputado tinosgasteño asegura que “se pudo detectar que la OSEP a la Droguería Libra, en el período enero 2010 a diciembre 2010, le adquirió drogas por un valor de $18.964.831 y de enero 2011 a marzo 2011 compras por valor de $ 4.710.950”, sin reparar que “la inhabilitación impuesta por la Anmat es del 5 de enero 2011. “Por otra parte, la suspepensión de la habilitación de Libra fue publicada en el Boletín Oficial 32.069 el 13 de enero de 2011 y, por lo tanto, no se puede hablar de desconocimiento o error”.

Finalmente, y a modo de aclaración de porqué apunta a Aguirre -a quien no nombra, sino que habla de funcionarios responsables- señala que “el bien jurídico tutelado es, generalmente, la administración pública. Especialmente, estos delitos persiguen garantizar la regularidad y, especialmente, la legalidad de los actos de los funcionarios en actividades propias de su cargo, cuyas violaciones no son castigadas por otras disposiciones”.