El dirigente José Navarro explicó que “hace más de un mes que hemos cursado nota a presidencia, solicitando audiencia para presentar al delegado electo y plantear distintas problemáticas laborales, pero nos encontramos con la resistencia y la negativa para recibirnos, por empezar”.

Por otra parte, aseguró que “los problemas no sólo persisten, sino que se agravan y debemos sospechar que es justamente por la afiliación a ATE”, ya que, dijo, “hemos hecho denuncias ante la Secretaría de Trabajo y al presentarse una inspección, nos encontramos con maltrato, palabras subidas de tono”. El dirigente opinó que “no es esta la manera de solucionar las cosas, sino tratar de buscarlas en conjunto, pero lamentablemente no vemos intención de sentarse a dialogar, sino que además el hecho de que existan amenazas y otro tipo de cuestiones nos alarma”.

Julio Ossés, delegado normalizador de ATE en el CAP, explicó que “todo comenzó hace como dos meses, cuando fuimos un día lunes a trabajar los cuatro que nos desempeñamos en un galpón donde reparamos la maquinaria agraria, y nos encontramos que nos habían cambiado la cerradura y puesto un candado”. Es así que “durante tres días estuvimos reclamando, contactando a otros gremios y recién cuando nos acercamos a ATE, que constató esta situación, apareció un director a decirnos que tenía la llave y que tenía que entregárnosla, pero nunca nadie nos explicó lo que pasó”.

Una vez electo delegado, Ossés empezó a recibir inquietudes de sus compañeros de trabajo que, aseguró, “en algunos casos se han solucionado por presentación de alguna nota, pero al querer dialogar, lo único que recibís son increpadas y agresiones, venimos reclamando audiencia con el gremio para que presente a sus delegados, sólo logramos una reunión, pero muy áspera y sin la participación del gremio”.

“De casualidad me llamaron”, aseveró el dirigente, quien informó que “terminada la reunión, donde parecía que habíamos aclarado algunas cosas, sale un director a decirle a una compañera de trabajo ‘me tenés que firmar la renuncia’, a lo que se negó, pidiendo hablar con la presidenta”.

“Nosotros queremos solucionar los problemas”, continuó diciendo Ossés, quien a su vez dijo que a partir de una serie de denuncias por condiciones laborales, fue puesto a disposición de personal: “como se dieron cuenta que iban a hacer un papelón, me dijeron que aún no estaba listo y que tenía que esperar… Y aquí estoy, esperando, sin lugar para trabajar”, relató el delegado.

El dirigente recordó al respecto que “en los 81 puntos del Convenio Colectivo que fueron homologados con la firma del gobernador está establecido que nadie puede ser removido de su lugar de trabajo sin su consentimiento”.

Por su parte, Jaime Oyarzo, también delegado del sector, comentó que “hace 26 años que trabajo en el CAP y hoy no me dejan salir a hacer mi trabajo al campo, llevan a otra gente, e intento llevar adelante mi vida apoyándome en mis compañeros de ATE”, todo porque remarcó: “al gobierno le molesta que los trabajadores se afilien y participen en ATE”

Navarro remarcó que los directivos deben saber que “los trabajadores son ciudadanos y tienen derecho a afiliarse, a realizar asambleas o a, por ejemplo, hacer una asamblea en el sector de trabajo porque hay una caldera de más 40 años que está a punto de explotar”.

“No vemos buena predisposición de parte de ellos y debieran enterarse que hay una Ley de Asociaciones Sindicales que establece que los compañeros se pueden organizar y no les pueden prohibir pegar carteles”, sentenció.