El Fiscal de Estado de Tucumán, Daniel Leiva, amplió denuncias por la millonaria defraudación en perjuicio del gobierno tucumano, contra tres secretarias de juzgados de los Tribunales de Santiago del Estero y dos abogados.

Además de los tres ex jueces santiagueños y un empresario periodístico que ya estaban acusados, se agregan las secretarias judiciales Zaída Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suarez y Blanca Luz Díaz; los abogados Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suárez, que representaban legalmente al empresario Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán).

En tanto, el fiscal Rubén Alfonzo, aún no dictaminó acerca de los pedidos de eximición solicitados por Pericás y los ex jueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Angel Moreno, que renunciaron a sus cargos para evitar juicios políticos iniciados por el Consejo de la Magistratura, tras la denuncia formulada por el gobierno de Tucumán.

Según Télam en las investigaciones tampoco se indagó al único detenido por la millonaria defraudación, Eduardo Antuz, -empleado del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación-, que dirigía el ex juez Tarchini Saavedra.

Sobre los pedidos de detención de los tres ex magistrados, las mismas fuentes indicaron que fueron sorprendidos provisoriamente, a la espera del dictamen fiscal y la resolución del juez Alarcón. En cambio, se mantiene vigente el pedido de captura nacional e internacional del empresario Pericás, en las últimas semanas se alojaba en un céntrico hotel de la capital santiagueña.

La denuncia contra los tres ex magistrados la inició hace dos semanas el asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, sobre la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y el gobierno de la provincia de Tucumán, por un delito a establecer.

Las mismas fuentes indicaron que en el mismo expediente, los denunciados y renunciantes magistrados, hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por el empresario Pericás y ordenaron embargos por más de $10.000.000, de los cuales se llegaron a cobrar siete de los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán.