El trabajo, junto con toda la documentación respaldatoria, ha sido entregado el 14 de julio en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, ayer se entregó otra igual en la Sede de Amnesty International, en Londres, mientras que mañana y pasado se pondrá en conocimiento de organizaciones afines a Naciones Unidas. En Mendoza se ha entregado a la Subsecretaría de Justicia, a la Fiscalía de Estado, al Colegio de Abogados y a la Suprema Corte de Justicia.

Entre los establecimientos penitenciarios visitados también estuvo el Complejo Penitenciario IV "San Rafael", en el que se evaluaron los pabellones 9, 6, 5, 10, 1, 2, Enfermería y Femenino. Las conclusiones de la visita de febrero indican que "resultan alarmantes las condiciones higiénicas y de hacinamiento que presenta el establecimiento en general. Como medida urgente se insta al Servicio Penitenciario a suministrar a los internos de todos los pabellones los suficientes elementos de limpieza (lavandina, detergente, escobas, trapos, cepillos, etc.) a fin de realizar una urgentísima desinfección de celdas, pasillos, patios, baños, etc." y pide "la urgente atención médica de los numerosos casos arriba indicados, con problemáticas diferentes".

El informe señala que "se encontraron 4 jóvenes con numerosas heridas de balas de goma en las extremidades inferiores de su cuerpo. Al preguntar sobre el origen de las mismas relatan que fueron producidas por el ingreso del grupo el 10 de febrero, que no recibieron atención médica durante días, que tuvieron que sacarse las balas y curarse entre ellos. Se los notó muy deteriorados."

En junio el panorama fue el siguiente: "Al momento de la visita en el complejo se encuentran 427 personas privadas de libertad, a lo que debe sumarse las 11 que están en la colonia. De ese total, sólo el 55% (236) se encuentra con condena firme, el restante 45% bajo proceso. Asimismo, del total de personas alojadas, aproximadamente el 15% (62) posee causa por delitos de competencia federal. En pabellón separado del resto se encuentran 13 mujeres privadas de libertad."

Luego agrega que "la sobrepoblación del establecimiento resulta verdaderamente exagerada, provocando en el visitante (y mucho más en las personas que deben permanecer durante años allí alojadas) una sensación de opresión, angustia, horror frente al hacinamiento a que se reduce a las personas sin un mínimo de dignidad reconocida; como si de objetos se tratara", a la vez que describe condiciones de higiene llanamente repugnantes. Sobre algunos pabellones se recomienda la clausura.

Las visitas a los penales fueron sorpresivas, a cualquier pabellón o módulo, con entera libertad de movimiento y con entrevistas con personas privadas de libertad y personal penitenciario. Luego de las visitas se realizaron pedidos de hábeas corpus y medidas cautelares en beneficio de internos que sufrieron brutales agresiones luego de declarar.

El procurador ha recibido entre el 8 de Junio y el 9 de Julio reportes de 31 hechos de violencia en todo el sistema penitenciario de Mendoza, que hacen referencia a conflictos entre internos, como con el grupo de requisa. En todos los centros de detención hubo denuncias contra el personal penitenciario, especialmente el grupo de requisa. El Acta de Asunción había prohibido la actuación de personal penitenciario con rostros cubiertos y había asumido el compromiso de que cada agente tuviera una placa identificatoria. Los internos denuncian que les rompen los elementos de comunicación, que abusan en los registros de las visitas, que les tiran gas pimienta, que les queman los pocos bienes que tienen y que los golpean.

En la visita al penal local trabajó el procurador Fabricio Imparado, junto a Oscar Guidone, Mariela Herrera, Guillermo Rubio y Fernando Rule, estos cuatro pertenecientes al Comité Contra la Tortura.