Se trata de la cesión por diez años, sin licitación, de dos predios en el puerto de Buenos Aires y la facultad de cobrar 14 dólares por cada contenedor que se mueve allí, para certificar su integridad y la aptitud del transportista. La presentación del certificado es obligatoria. Camioneros le cedió los terrenos y la tarea de certificación al Instituto Verificador del Transporte (Ivetra), una empresa privada dirigida por moyanistas.Además, Ivetra comercializa un seguro especial sobre el contenedor, denominado Transporte Argentino Protegido (TAP), de 67 dólares más IVA por container. No es obligatorio, pero uno no entra ni sale del puerto sin este seguro.La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Guillermo Noailles, presentó el 19 de marzo una denuncia en la que identifica como imputados a Hugo Moyano, como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros; a Jorge Cholvis, como gerente general de la AGP, y a Sergio Sander, como gerente de la asesoría jurídica de la AGP.El director de Ivetra es Daniel Llermanos, abogado de Moyano, y el presidente es Gustavo Elías, hombre de confianza del camionero. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral, que delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.