“Barragán incumplió con sus deberes de funcionario público, porque no se han visado los planos de una obra pública. Si bien esa es responsabilidad del arquitecto a cargo del proyecto, cuando nosotros lo denunciamos públicamente ellos tendrían que haber actuado: o nos denunciaban por mentir o regularizaban la situación”, dijo Giacinti.

Además, el referente de la CC-ARI estimó que “hay responsabilidad política del intendente (Alberto) Weretilneck. Él es el responsable del Ejecutivo”, mencionó. Y sostuvo que “tampoco hay que pasar por alto que el arquitecto a cargo de la obra también es funcionario público”, en relación a Gustavo Zovich –del IPPV cipoleño-. “Pero sus responsabilidades las tiene que analizar, en todo caso, el Colegio de Arquitectos porque son de tipo profesional”, mencionó.

En la presentación realizada en la Fiscalía 4 a cargo de José Rodríguez Chazarreta, se mencionó que “hace al menos dos años” se cuestiona la no presentación de los planos para su visado correspondiente en el Colegio, que el 11 de mayo ratificó que Zovich no ha efectuado el trámite.

“El municipio, que tendría que ser garante del cumplimiento de la ley, la infringe. Por ello Barragán incumple con sus deberes de funcionario público”, dijo Giacinti quien cuestionó la autoridad “moral de la comuna para hacer el control de los privados, que tiene que llevarse a cabo. Pero no con un Estado que se exceptúa a sí mismo” de respetar la normativa.

La CC-ARI ha cuestionado diversos aspectos de la concreción del proyecto cultural. Además del aspecto burocrático, sostienen que el municipio cipoleño manejó fondos de “forma discrecional”, con sub-ejecutación de partidas presupuestarias. Esa situación, podría dar lugar a una nueva presentación judicial.