Se trata de un coletazo residual de la controversia por el proyecto minero de Hierro Indio. Tras aquel rechazo legislativo, el gobernador Francisco Pérez expresó con cierto enojo que, en General Alvear, "hay boliches clandestinos que venden drogas y no por eso hacen piquetes". Por esta afirmación, los radicales consideran que el mandatario provincial estaba en conocimiento de un delito -narcotráfico- y no dio constancia a la Justicia, a pesar de tener la obligación de hacerlo como funcionario público.

Pérez expresó aquella frase el viernes pasado, horas después de que la Legislatura mendocina había mandado al archivo el proyecto minero. Sus palabras reflejaban el Pérez en estado natural: el gobernador transparentaba su enojo con los alvearenses, que habían manifestado su contrariedad cortando rutas provinciales. Así, flanqueando en ese momento a un ministro nacional, Pérez desenfundó: "Hay boliches clandestinos que venden drogas y no por eso hacen piquetes".

La frase no quedó al pasar. Fue recogida por el diputado radical Gustavo Villegas, oriundo del departamento sureño, que presentó una denuncia contra el gobernador en la Fiscalía de Delitos Complejos en la tarde de este martes. 

“Desde ese momento -es decir, el viernes pasado- hasta la fecha no se realizó ninguna actividad policial o judicial para constatar los dichos de la primera autoridad de Provincia”, aseguró Villegas, a través de un comunicado.

El legislador radical fundamentó su denuncia contra Pérez en que el Código Procesal Penal de Mendoza, en el artículo 329, establece que los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de denunciar los delitos que le constan. Por no haber dado aviso a la Justicia Federal -el narcotráfico se trata de un delito federal-, la pena paa el funcionario está fijada en 6 meses a 2 años de inhabilitación, según el Código Penal Nacional.

Para Villegas, se puede inferir que Pérez sabía de este posible delito y no accionó contra este flagelo, ya que el Estado no habría aportado información a la Justicia. “Pido el auxilio a la justicia para que investigue si el gobernador sabe de la existencia de un delito y no lo está denunciando o, por el contrario, sus declaraciones pudieron advertir a presuntos delincuentes de la investigación que se está llevando adelante. De comprobarse estos hechos, Pérez podría haber cometido algún delito penal”, aseguró el diputado de extracción cornejista.

A la acción penal, el radicalismo la complementó con un pedido de informes para que Pérez explique por escrito por qué dijo aquello. Y se le piden precisiones: que informe la denominación comercial, ubicación y nombre del o los propietarios de boliches clandestinos implicados en sus declaraciones. Además, le pide que detalle las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad de Mendoza, en relación a los dichos.

La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Delitos Complejos, bajo el número de Expediente 125.088/14.