El radicalismo denunció irregularidades en el procedimiento ambiental del área petrolera de la empresa OIL M&S S.A., que pertenece al empresario kirchnerista Cristóbal López. Según informó el diputado radical Tadeo García Zalazar, en la convocatoria el Gobierno había comunicado que se utilizaría el método del Fraking que es "altamente contaminante".

Por este motivo, se suspendió la audiencia pública del área petrolera otorgada de Cristóbal López, debido a las fallas en el estudio de impacto ambiental. Se trata del área VIII Río Diamante, ubicada en una zona que comprende el sur de San Carlos, norte de Malargüe y noroeste de San Rafael.

El domingo 14 de julio, el Gobierno publicó en los medios locales una convocatoria a una audiencia pública para la explotación dicha área, concesionada a la empresa OIL M&S SA. La publicación establecía expresamente que "la técnica para extracción de petróleo será la de fracturación hidráulica (Fracking)".

Según el diputado radical Tadeo García Zalazar, esta técnica está sumamente cuestionada por el impacto negativo en el ambiente, ya que se utiliza una gran cantidad de productos químicos de alta toxicidad que requieren de medidas preventivas y de mitigación específicas para evitar la contaminación ambiental.

"A raíz de la noticia, nos acercamos a la Secretaría de Ambiente para interiorizarnos en el tema y luego de analizar el expediente detectamos que no había correlación entre los métodos de perforación que figuraban en la Manifestación de Impacto Ambiental con lo publicado en el Boletín Oficial y en los medios", manifestó García Zalazar. ""A pocas horas de advertir esta situación, desde el Ejecutivo nos notificaron que se suspendía la audiencia pública", remarcó.

El legislador presentó un proyecto para prohibir transitoriamente por 24 meses este método hasta tanto no se elabore una norma específica de procedimiento que garantice el cuidado del ambiente. Para esto, en la iniciativa se contempla: el cuidado del agua, el adecuado tratamiento de los residuos y su disposición final y se garantice el control por parte del Estado Provincial de estos aspectos.

El diputado explicó que el proceso de evaluación de impacto ambiental comenzó en 2009 y, luego de estar tres años inactivo, "sorpresivamente tomó impulso este año, previo al decreto 929 que otorga grandes beneficios a las empresas extranjeras que realicen grandes inversiones en áreas petroleras, por lo cual no nos sorprende que estemos en la antesala de otra maniobra para entregar los recursos naturales de los mendocinos a capitales internacionales, como sucedió con Chevrón".

Por su parte, el concejal radical de San Carlos Omar Sorroche sostuvo que presentará un pedido de informes en el Concejo porque el municipio de su departamento no hizo ningún tipo de observación sobre los impactos en el suelo, la flora, la fauna y el agua, que se podrían ocasionar con esta metodología de extracción.

Por otro lado, también desde la UCR, la diputada María Rosa Lemos presentó otra iniciativa, que ya cuenta con media sanción y está en el Senado para su tratamiento. Allí se contempla un programa provincial donde queda establecido el desarrollo de energías limpias en la provincia de Mendoza.