La Subsecretaría de Salud de la Provincia certificó ayer que el odontólogo condenado por abuso sexual, al que la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, autorizó a trabajar en la cárcel, tiene vencida su matrícula profesional, a pesar de estar inscripto en el libro de odontólogos profesionales.

Así lo informó por escrito en el mes de julio, la Dirección de Fiscalización Sanitaria, a cargo de Rubén Monsalve, a la fuerza policial que por dicha razón no ha cumplido con la medida de la jueza, dispuesta hace aproximadamente un mes, en la que ordenó a David Narváez -condenado a seis años de prisión por el delito de abuso sexual de una menor de siete años- a que trabaje como odontólogo en el Complejo Penitenciario Senillosa.

La controversia entre la orden judicial y el incumplimiento por parte de la Policía generó opiniones encontradas a pocas semanas de la inauguración del penal que aloja a unos 34 internos.

Es por esta razón, que luego de que la jueza Raquel Gass realizara ayer declaraciones a través del sitio del Poder Judicial de Neuquén insistiendo con su disposición y ratificando que se cumpla la orden, la Policía difundió las actuaciones administrativas que trabarían el efectivo cumplimiento.

El área de Fiscalización Sanitaria informó a la Policía que luego de realizar la tramitación para obtener una nueva matrícula con los requisitos generales que se requieren para ello, el ejercicio de la actividad quedaría a consideración del Colegio de Ética profesional y de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Salud de la Provincia.

Desde la fuerza se remarcó que dentro de los impedimentos para ejecutar la disposición de la jueza, más allá de lo administrativo, es una cuestión de infraestructura. En este sentido, se informó que el consultorio odontológico del penal de Senillosa no se encuentra habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia.

Cuando estalló la puja entre la Justicia y la Policía, hace unos diez días cuando LM Neuquén publicó declaraciones de la jueza de Ejecución Penal en las que se manifestaba desconcierto por el incumplimiento de la orden, el subjefe de la fuerza, Adolfo Liria, aclaró que intentó reunirse con la jueza, pero la magistrada no ha querido recibirlo.

“No me quiso atender y no quiere tratar más con la Policía. Se lo hizo saber al subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra”, señaló, hace una semana, el subjefe de la Policía en referencia a la jueza interviniente.

La tensión terminó de evidenciarse ayer tras las declaraciones que la magistrada emitió desde el sitio web del Poder Judicial de Neuquén.

“Todas las personas privadas de la libertad en la I Circunscripción están a disposición mía. Están custodiados por la Policía, pero a disposición mía. Entonces, la que resuelve, evalúa, meritúa y asume la responsabilidad por las decisiones que se toman soy yo”, subrayó Gass.

Por otro lado, también se escuchó la voz de la mamá de la niña, que repudió la autorización para que Narváez retome su trabajo como odontólogo.