El Centro de Denuncias del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) había advertido días atrás sobre esta situación a la comunidad, y en articulación con varios denunciantes que habrían sido estafados por la misma, intervino en su captura. Tras la denuncia penal de los damnificados, ahora la causa proseguirá su curso en la Fiscalía N°3.

Se trataría de una persona de sexo femenino que recorrería barrios ubicados atrás del Hipermercado Libertad y el de trabajadores del Sindicato de Judiciales en busca de viviendas aun no habitadas, las cuales luego mostraría y ofrecería a familias aprovechando su necesidad de contar con un hogar propio. La misma trabajaría en complicidad con una remisera, la cual ofrecía a pasajeros viviendas en la zona mencionada.

Ambas personas ratifican tener vinculación al Instituto de Vivienda, lo cual se desmiente totalmente desde el organismo. En tanto, se reitera a la población que la oferta de gestiones o ventas de viviendas de parte de terceros son procedimientos que están fuera de la acción legal y que no existen tales figuras que tengan la facultad de vender o faciliten el acceso o tramitaciones necesarias para acceder a una solución habitacional.

Asimismo, tanto autoridades como vecinos damnificados solicitaron que ante estos casos se realice la correspondiente denuncia en la institución para que se pueda proceder a las acciones judiciales correspondientes.

De la misma manera, Natalia Luque -coordinadora del Centro de Denuncias- recordó que antes estos casos el organismo no puede actuar de oficio y que necesariamente se debe efectuar la denuncia en el Instituto de Vivienda. Una vez concretado esto, el organismo tiene la predisposición de abordar y terminar con estas situaciones que juegan con la buena fe de quienes esperan cumplir el anhelo de la vivienda propia

Por último, se deja en claro que los trámites vinculados a la postulación en planes de viviendas se realizan en el organismo, de manera personal y gratuita y que el proceso de adjudicación de las mismas se efectúa a través de un sorteo público, garantizando un proceso transparente y democrático.