La decisión en torno a la situación del polémico Juez Sal Lari, volvió a postergarse en la tarde de hoy tras pasar, una vez más, a un cuarto intermedio, esta vez hasta el lunes próximo.
Giménez, especuló que pese a la nueva demora en la decisión acerca de “la viabilidad o no” de las acusaciones que pesan sobre Sal Lari, “se podría definir el lunes próximo”.
“De todas formas –dijo- Uds. tienen presente que esta etapa es donde el jurado de enjuiciamiento de magistrados, es decidir sobre la admisibilidad o no de la acusación hecha oportunamente”.
Desde temprano, la segunda reunión del jurado para decidir si Sal Lari es sometido a juicio político fue seguida de cerca por integrantes de la Asociación Madres del Dolor, quienes impulsan su remoción al igual que varios funcionarios.
El diputado provincial Horacio De Simone, que promovió una de las denuncias, afirmó que espera que el jurado "vote en concordancia con el sentimiento de la gente" y sostuvo que "no hubo presiones a nivel político pero sí judicial".
"Seis o siete magistrados que tenían que estar trabajando vinieron acá, a la oficina de uno de los diputados que forma parte del jury, para defender a la corporación y causar presiones en el lugar", denunció.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que el proceso de remoción del magistrado "representa un grave riesgo para la independencia judicial en la provincia de Buenos Aires" y es un mensaje para "disciplinar a los jueces".
El jury se volvió a reunir esta tarde bajo la presidencia de la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y la integración de los senadores Fernando López Villa (CC) y Cristina Fioramonti (FPV) y los diputados José Luis Comparato (GEN), Carlos Gutiérrez (Unión-PRO) y Horacio Delgado (PJ).
Los conjueces abogados son Julio César Amat, Raúl Tripicchio, Francisco Berhabe, Carlos Tribiño y Juan Carlos París.
El jury debe resolver si admite o no las 11 acusaciones contra el magistrado, de las cuales cuatro fueron aprobadas por la Comisión Bicameral, y la más conocida es impulsada por la familia del ingeniero Carlos Regis, asesinado en San Isidro en 2008.
Uno de los ladrones que lo mataron había sido excarcelado por el juez meses antes en una causa por portación ilegal de armas.
En caso de que el jurado admita las acusaciones, Sal Lari será separado del cargo en forma provisoria y se le embargará un 40 por ciento de su sueldo hasta que se decida si se lo destituye o no.
Uno de los casos por el que se acusa al magistrado es por haber denegado la exclusión del hogar a un padre que había sido denunciado por el abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo hacía seis años.
Sin embargo, al presentar su defensa, el juez explicó que la niña había sido retirada del domicilio por una jueza de menores, que era quien tenía competencia en el caso, y que luego el padre fue absuelto, ya que se probó una falsa denuncia de la madre.
Otro de los hechos por el que se objeta al magistrado es la libertad de un ladrón que robó a una pareja cuando cumplía un arresto domiciliario dado por un tribunal de La Matanza.
Sal Lari expuso que el imputado no fue dejado libre sino que regresó a su domicilio. La violación del arresto la informó al tribunal y no podía dejarlo preso porque no podía ser considerado "reincidente", ya que no había cumplido aún condenas firmes.
Al juez también se lo acusa de haber concedido -recién tres días después de solicitado por la fiscalía- un allanamiento en un caso por venta de estupefacientes.
Pero el magistrado explicó que autorizó el operativo el mismo día (un viernes) y que se concretó el lunes porque no coincidía con la fiscalía en que se hiciera de noche.
El último caso es una denuncia debido a que la Cámara de San Isidro dispuso la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva Sal Lari, pero que se concretó siete meses después, cuando el imputado hizo un reclamo.
El juez asegura que libró la orden a la comisaría y que no se le puede imputar no haber vigilado la tarea que debía cumplir otro funcionario.
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