"Del mismo modo que no corresponde al Poder Judicial reexaminar el juicio de naturaleza exclusivamente política que compete al Tribunal de enjuiciamiento (de magistrados) de la Legislatura, así tampoco corresponde a este adentrarse en una causa judicial y en las funciones propias de la magistratura". Este fue uno de los principales argumentos que esgrimió la mayoría de la Corte Suprema de Justicia para concluir que la decisión de la Legislatura, que dispuso la destitución de la jueza Alicia Freidenberg, sólo ha tenido en cuenta el criterio con que esta aplicó la Ley 24.660 (de Ejecución de Penas Privativas de la libertad) en un caso de resonancia pública.

Claudia Sbdar, a cuyo voto se adhirieron Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Carlos Giovanniello, fueron terminantes. "Este tipo de proceso (por el juicio político) no constituye una instancia para la revisión de decisiones jurisdiccionales que se estimen desacertadas, para lo cual el ordenamiento jurídico ha previsto los remedios procesales pertinentes. Tampoco ha sido previsto para reparar o enmendar pretensos errores judiciales, porque, más allá de su acierto o error -ínsitos en la labor de juzgar-, las decisiones de los magistrados no deben apartarse de la legislación aplicable", afirmaron.

Contundente doctrina

Los magistrados esgrimieron que el Tribunal de la Legislatura incurrió en ilegalidad manifiesta en la medida en que la destitución de Freidenberg se basó en una mera discrepancia sobre decisiones jurisdiccionales suyas, lo que lesiona la garantía de la inamovilidad mientras dure la buena conducta del juez. "Las discrepancias en este punto -aun inspiradas en las más alta consideración respecto del bien común- resultan insuficientes para concluir que Freidenberg obró en manifiesta ignorancia o negligente apartamiento de la precisa disposición legal cuya aplicación, en la causa 'Tolosa', ha sido motivo de reproche", manifestaron.

Los vocales insistieron: "el Tribunal de la Legislatura emitió su propio -negativo- juicio de valor sobre el otorgamiento de los permisos de salida (concedidos por Freidenberg al condenado Julio Alberto Tolosa), y los objeta tanto por su número como en razón de la frecuencia de tales beneficios, para, finalmente, confrontarlos con otro juicio de valor, relativo a la personalidad de Tolosa".