La concejal de Unión de los Neuquinos (UNE), Ana Ambrogi, sostuvo que de acuerdo a lo estipulado en la Carta Orgánica Municipal, el Ejecutivo no tiene las facultades constitucionales para adjudicar por sí solo la concesión del transporte urbano de pasajeros.

“Las atribuciones que detenta en este tema se limitan a la aprobación o no de las distintas propuestas (artículo 72 inciso 27 de la Carta Orgánica Municipal). Es decir, la forma mediante la cual se adjudicó la licitación pública N° 01/2011 es nula, por no haberse efectuado mediante ordenanza sancionada con los dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante”, explicó la edil a través de un comunicado de prensa.

El 10 de mayo la intendenta Cristina Frugoni firmó el decreto 1.112/2011, por medio del cual adjudicó a la empresa Expreso Colonia S.A. la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros prestado mediante ómnibus de la ciudad de San Martín de los Andes, por el plazo de diez años, a contarse a partir del 1 de julio de 2011.

“Este actuar de la jefa comunal revela el grado de autoritarismo y falta de democracia que la caracterizó siempre. Impidió que el Concejo diera el debate que tenía que dar, y cumpla con las funciones que la propia Carta Orgánica le atribuye a este cuerpo deliberativo”, aseveró.

Responsables

La edil de UNE agregó que “ni siquiera fueron capaces de mirar como se hizo la adjudicación de la actual prestataria del servicio". Recordó que en el año 2000 "fue la Ordenanza N° 3.672 la que adjudicó la concesión del servicio a la empresa Ko-Ko, y no un decreto del Ejecutivo Municipal”.

Ambrogi expresó que “este obrar de la intendenta es muy reñido con las normas que regulan la materia. El artículo 58 inciso 4 de la Carta Orgánica Municipal, dispone que requerirán, para ser aprobadas, el voto de los dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante, las ordenanzas que importen otorgamiento de concesiones”.

Según comentó la edil de UNE, “todo esto fue advertido en la reunión de Labor Parlamentaria del pasado miércoles, solicitándole expresamente al presidente del legislativo comunal, Raúl Pérez, que tome cartas en el asunto, quien hizo caso omiso y todo continuó como si nada”.

La concejal de UNE manifestó que “este accionar de la intendenta, del titular del Concejo Deliberante y de los ediles que avalaron este procedimiento, los hace personalmente responsables en los términos del artículo 133 de la Carta Orgánica, que establece que tendrán que responder por la transgresión a las normas como así también, por los daños y perjuicios que ocasionen al municipio”.