Dos de los tres presuntos integrantes de una banda investigada por el robo de 200 mil pesos recuperaron la libertad, aunque quedaron procesados por tenencia de arma de fuego. El restante, Pablo Manuel Lafuente, es el único que fue procesado y enviado al Servicio Penitenciario Provincial, pero por acopio de armas de fuego y municiones. La jueza Carina Gregoraschuk consideró que la Policía no le arrimó pruebas suficientes para endilgarle al trío la autoría del asalto y la privación ilegítima de la libertad de la comerciante Marcela Fernández Lo Giúdice y su hijo, quienes denunciaron que fueron despojados de esa suma, y les dictó a todos la falta de mérito por esos dos delitos.

Mario Nolberto “Marito” Torres y Carlos Jesús “Charly” Bustos pudieron volver a su casa el lunes, precisó ayer su defensor, Cándido Assat. “La investigación policial está viciada, desarticulada, no hay pruebas sustanciales. Por eso estudio si apelaré el procesamiento por tenencia de arma de fuego”, dijo.

Cuando allanó la casa de Torres, en El Volcán, la Policía encontró un revólver marca Italo calibre 32 largo. Y en lo de Bustos secuestraron un revólver cromado marca Placencia. Al hacer las consultas en el Registro Nacional de Armas (RENAR), “saltó” que ninguno está registrado como legítimo usuario. Por eso la jueza los procesó.

De todos modos, Assat consideró que la resolución de la jueza, “en principio, es alentadora. Le dice (a la Policía) ‘yo soy el juez’. Y refiere que los investigadores deben agudizar el ingenio para investigar, siempre respetando las garantías constitucionales”, dijo Assat.

Andrés Fernández, defensor de Lafuente, informó que apeló el procesamiento. “Nos concentramos en trabajar (durante la prórroga de la detención) sobre la imputación por robo y privación ilegitima de la libertad, de la que fue eximido, al igual que Torres y Bustos. Pero nos encontramos con que la jueza lo procesó por un delito por el que no había sido llamado a prestar declaración indagatoria”, dijo. El había sido citado al juzgado por tenencia de arma de fuego, además de robo y privación ilegítima de la libertad.

Lafuente fue procesado por “acopio de armas de fuego y municiones sin la debida autorización en concurso real, con encubrimiento por receptación de cosas o efectos provenientes de delito, dos hechos”.

La juez sostuvo su decisión en que, en su casa del barrio Francisco Cáceres, hallaron tres "handys" en la frecuencia de la Policía. También, 5 cartuchos calibre 22 largo, un cartucho calibre 367 Magnum, cinco cartuchos calibre 32, un cartucho 7,62 milímetros, un revólver calibre 32 largo con cinco cartuchos, dos rifles de aire comprimido, dos cargadores –uno con dos cartuchos y el otro con nueve– y 2 pistolas 9 milímetros.

Luego confirmaron que una de ellas, marca Bersa, había sido robada a la alférez ayudante María Isabel Calderón, de la Policía. Y la otra, marca Hi Power, está registrada a nombre del Servicio Penitenciario Provincial y fue sustraída el 28 de setiembre de 2005. Al momento del robo, el portador era el guardiacárcel Héctor Justiniano López.

Lafuente tampoco está inscripto en el RENAR como legítimo usuario de las armas secuestradas en su domicilio, por lo que no tiene autorización para tener ni portar armas de fuego.

Pero, por la cantidad hallada, la jueza consideró que el delito era acopio de armas y municiones sin la debida autorización. Y el cargo por “encubrimiento por receptación de cosas o efectos provenientes de otro delito, dos hechos” corresponde a las pistolas robadas a la policía y al penitenciario. “La jueza no tuvo elementos para asegurar que las sustrajo él, por eso lo procesó por encubrimiento”, explicó una fuente.

Otra banda

El sumario por el robo a Fernández Lo Giúdice –según su denuncia, el hecho fue en su casa, en el barrio Las Lomas– fue instruido por la División Investigaciones, la misma que llevó adelante las averiguaciones que derivaron en los arrestos de otra supuesta banda, integrada por Ariel Fernando Guardia, José Jofré, Jorge Omar Rosa y Daniel Sosa.

La jueza entendió que la detención de los cuatro fue ilegal, porque no fue con orden escrita de un magistrado competente y no fue en flagrante delito. Por eso los liberó, la semana pasada.

De todos modos, no están exentos de sospechas. Aún son investigados por dos robos en un mercadito del centro de San Luis y la sustracción de un arma a una policía, aclaró una fuente.

Sólo uno de ellos, Guardia, está en la cárcel, procesado por el asalto en la papelería Sabino.