La Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia deberán definir el lugar de alojamiento del joven de 15 años, no punible, pero imputado por el homicidio del Sargento Luciano Churrarín. El menor -acusado además de haber realizado en las últimas semanas dos robos con armas a locales comerciales- permanece bajo la tutela de la Defensoría de Menores, pero su situación volvió a exponer la falta de estructura de la Provincia para dar solución a los casos de jóvenes en conflicto con la Ley.

El Juez Martín Lozada recibió este miércoles al Ministro Ernesto Paillalef, con quien analizó la situación.

Paralelamente, el magistrado tomó declaración indagatoria a uno de los imputados . Se trata de un hombre mayor de edad, quien continuará detenido, por lo que, luego de la indagatoria fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal III.

El otro imputado, también mayor de edad, designó como defensora a una abogada particular, la que no se encontraba en la ciudad, motivo por el cual se postergó hasta mañana la declaración indagatoria.

En el día de ayer, martes, se realizaron diez ruedas de reconocimiento y se tomaron varias declaraciones testimoniales, entre otras medidas probatorias, según se informó desde Tribunales.

“El arma de fuego utilizada en el asesinato aún no ha sido habida y hasta el momento se desconocen los motivos del crimen”, se agregó.

En todas las diligencias estuvo presente el Fiscal Marcos Burgos, quien solicitó que todos los teléfonos secuestrados sean sometidos a minuciosos exámenes telemáticos por profesionales competentes, proponiendo que esta diligencia fuera realizada por el Ingeniero David Baffoni, profesional del Área de Informática de la Procuración General. La diligencia ya ha sido ordenada por el Juez Lozada, y se trabaja en la reconstrucción de todos los movimientos y posibles cruces entre los imputados.