La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolverá hoy si eleva a la Corte el caso.
El conflicto en los lotes fiscales 14 y 55 es uno de los más importantes de la región, ya que involucra la regularización de 643.000 hectáreas ocupadas por etnias ancestrales y familias campesinas de los primeros tiempos de la República.
Para la primera etapa de regularización de los lotes fiscales 14 y 55 en el municipio de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, en el límite con Bolivia y Paraguay, se fijó un cronograma de trabajos que tiene plazos hasta mediados de este año. El Gobierno de la Provincia avanza en tratar de definir las primeras 113 mil hectáreas del proceso de reubicación de las tierras de 55 comunidades indígenas de cinco etnias distintas y más de 462 familias criollas instaladas desde 1906.
“Supuestamente se tienen que regularizar la titularidad de todos los habitantes que estén dentro de esas 113 mil hectáreas. Lo cierto es que en la realidad ese objetivo parece muy distante, porque muchas familias criollas no quieren dejar su tierra”, opinó, consultado por El Tribuno, el diputado provincial por el FPV, Jesús “El Rana” Villa. Según informó el Gobierno, Nación y Provincia estuvieron en la zona después de la primera semana de enero. Buscaban definir “las 113.000 hectáreas destinadas a las familias criollas, donde ya se conformaron los acuerdos de parte para la re localización de un grupo de estas familias”.
Según el diputado Villa eso está muy lejos de concretarse. “No veo ningún avance en los últimos años por parte de la Unidad Ejecutora”, dijo. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP), busca determinar, dentro de 643 mil hectáreas, cuál es el territorio de las comunidades originarias y cuál el del las familias criollas. Depende de la Secretaría de Derechos Humanos, aunque antes era un órgano multi-ministerial.
El diputado Villa es muy crítico de ese organismo al que acusa de “hacer pocas y casi ninguna acción en la zona” y de “ir en contra de la voluntad del Gobernador que busca una solución definitiva”. Además mostró su disconformidad con la composición de la UEP que no cuenta con ningún aborigen. “Es increíble que en la UEP no exista representación aborigen, al menos del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas”, agregó.
En un informe presentado en conjunto por la Nación y la Provincia ante la Comisión, el 14 de enero de 2014, se solicitó a los organismos internacionales que intervienen en el conflicto “la suspensión del plazo previsto para el sometimiento del caso”. Las autoridades buscan contar con “un marco temporal razonable para cumplimentar las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión”, informaron.
“No sabemos cuál es la posición de los demandantes, la Asociación Lhaka Honhat, ante este pedido. De todas formas, esto no es vinculante para la Comisión, pues ellos tienen la facultad de otorgar o no la prórroga aunque los peticionantes estén o no de acuerdo”, explicó la ministra.
La polémica Zona Norte
La ministra Cansino dijo que se continúa trabajando en lo que la UEP, cuando estaba a cargo de la exministra María Pacce denominó “Zona Norte”, que incluye los puestos criollos de Magdalena, que limitan con las comunidades indígenas de La Pinutana, en su mayoría pescadores de la etnia wichi, a unos 15 kilómetros de Santa María y a 50 de Santa Victoria Este. “Las 113 mil incluyen la zona de Desemboque, donde estuvo trabajando la semana pasada el Escribano de Gobierno con la firma de acuerdos de 5 familias, que deberán protocolizarse”, afirmó.
“No veo posible que el Gobierno acuerde las 113 mil hectáreas todavía”, dijo el criollo Lucio Rojas, tercera generación de campesinos en la zona. Según Rojas nadie de la UEP se juntó para hablar con él hasta el momento, aunque las tierras que ocupa no están dentro de las primeras 113.000 hectáreas a definir. “En el área de Magdalena no hay acuerdos reales con mojones y límites. Me cuentan que hay un arreglo únicamente con las familias criollas de Cesar y Hugo Quintana, pero entiendo que los aborígenes de La Puntana, como Pablo Solís y otros dirigentes están en contra de lo acordado”.
“Son más de 40 mil hectáreas, donde ya hay acuerdos con familias criollas y comunidades indígenas y se está asistiendo a las familias criollas que expresaron su voluntad de relocalizarse. Allí se están llevando a cabo trabajos entre Nación, Provincia y Municipio para la provisión de agua a través de la excavación de pozos someros, tendidos de red eléctrica y alambrado perimetral de los puestos criollos”, dijo la ministra. “El tema es que hasta el momento no existen los puestos productivos que se prometieron para que acepten su relocalización”, aseguró Villa. En 2011 El Tribuno estuvo con tres familias criollas de Magdalena que no están de acuerdo con el arreglo con la UEP. Son los casos de los puestos de La Castaña, Paraje Magdalena y Pozo La Baya, parte de la denominada Zona Norte, donde la UEP decía haber desarrollado un caso modelo.
El conflicto
El caso se inició en el año 1998 con una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en representación de la Asociación Civil Lhaka Honhat, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2007 se logró un acuerdo que estableció que quedarían para las comunidades 400.000 hectáreas y 243.000 para las familias criollas, algunas de las cuales debían reubicarse con la promesa de contar con los servicios básicos, cosa que hasta el momento no se concretó.
“La Asociación Civil Lhaka Honahat exige la relocalización de las unidades productivas de las familias criollas ubicadas en las tierras que les fueron cedidas el 25 de julio de 2012 por decreto del gobernador. El decreto asigna 400 mil hectáreas a favor de las comunidades indígenas que habitan los lotes 55 y 14, y destina 243 mil hectáreas para las familias criollas”, explica el gobierno Nacional. “Es interesante resaltar que la Comisión está al tanto que este proceso es el único en toda América que se está llevando a cabo de manera pacífica y participativa”, concluyó Cansino.
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